En el marco de un juicio abreviado, la fiscal penal, María Eugenia Guzmán, logró una condena de tres años de prisión condicional y el pago de una suma de 168 mil pesos, en concepto de daños. La pena fue impuesta a Irma Sofía Marcial Acosta, una mujer que mediante distintos argumentos estafó a más de diez personas, entre ellas su propia hermana.
Marcial Acosta fue detenida a mediados de agosto del año pasado a pedido de la fiscalía de Delitos Económicos Complejos, y en el marco de una causa que se llevaba adelante en su contra por distintos delitos de estafa, los que finalmente ascendieron a un total de 12 hechos.
La imputación penal en contra de Marcial Acosta surge a partir de la denuncia de once personas, la mayoría de las cuales adujeron haberla conocido en un curso de tejido que se dictó en la escuela Joaquín Castellanos, ubicada en calle 20 de Febrero, entre Belgrano y España.
Tras ganarse la confianza del profesor y varias alumnas, según las actuaciones penales, la acusada ofreció a los mismos la posibilidad de adquirir máquinas de tejido industrial y semi industrial a un precio muy por debajo del costo de mercado, alrededor de 8 mil pesos.
Para garantizar la supuesta inversión, y según los damnificados, Marcial Acosta hacía gala de su profesión como ingeniera y empleada de una empresa minera, gracias a lo cual viajaba de manera constante a países como Chile y Perú, donde conocía a gente que vendía las máquinas.
Incluso se pudo saber, de elementos de pruebas secuestrados, documentación y un sello de la Facultad de Ingeniera de la Universidad Nacional de Salta. También se hallaron en su poder cuadernos donde estaban registrados los pagos realizados por los damnificados.
Asimismo, aseguraba que el traslado no era un problema, puesto que la empresa para la que trabaja se encargaría de ello. Las personas que la denunciaron afirmaron que hicieron pagos de entre 2 mil pesos y en algunos casos de hasta 24 mil pesos a cambio de la adquisición de las máquinas industriales.
Todos señalaron que posteriormente, Marcial Acosta comenzó a llamarlos y a pedirles más dinero debido a distintos inconvenientes, y que los pagos se hacían en su vivienda, en la calle Belgrano al 600, en un departamento del primer piso.
Con el tiempo, y ante la insistencia de los alumnos por las máquinas, Marcial Acosta brindó distintas excusas, como que estaban varadas en la Aduana en Buenos Aires, lo que llevó a los damnificados a investigar en Internet y descubrir que la acusada tenía antecedentes por estafas.
A estos hechos, se sumaron otros, entre ellos una denuncia radicada por una hermana de la acusada, quien reveló que había sufrido un ACV, accidente cerebro vascular, por lo que quedó impedida de moverse por si misma, por lo que Marcia Acosta cuido de ella, tiempo en el que aprovechó para sacar una tarjeta de crédito a su nombre y realizar varias compras, las que descubrió luego cuando recuperó su salud.
No era ingeniera
Al investigar las distintas denuncias, la fiscal ordenó varias diligencias procesales, entre ellas, un pedido de informes al Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines (COPAIPA), quienes confirmaron que la acusada no se hallaba matriculada como ingeniera.
Asimismo, la empresa minera a la que adujo representar, Hazop Limitada, informó que la misma nunca trabajo ni tampoco tuvieron relación comercial con la misma. A ello se sumaron numerosas declaraciones testimoniales que comprometieron su situación procesal.
En la etapa de juicio, la fiscalía llegó a un acuerdo con la defensa, el cual fue avalado el viernes pasado por la Sala IV del Tribunal de Juicio, la que resolvió condenar a Marcial Acosta a la pena de tres años de prisión condicional por el delito de estafas reiteradas.
Asimismo, se dispuso el pago de una suma de 168 mil pesos, dinero que surge de los daños causados y denunciado por las personas que fueron víctimas de los distintos argumentos fraudulentos desplegados por Marcial Acosta, quien ahora deberá resarcir los mismos con la devolución del dinero recibido por las personas a las que estafó.