Gracias a la labor del Tribunal de Juicio y de la Unidad de Grave Atentados contra las Personas, la tasa de impunidad en materia de homicidios, incluidos los casos de tentativa, se redujo prácticamente al 50 %. Desde octubre del año pasado a la fecha, se dictaron 51 condenas por estos delitos.
Desde junio de 2013, cuanto entró en vigencia la reforma del Código Procesal Penal para los delitos más graves, Salta inició un nuevo camino en busca de hacer justicia respecto a los casos de homicidio y tentativa de homicidio, los cuales no sólo llaman la atención por el tenor de las penas previstas, sino por la sensación de impunidad que generan cuando el proceso penal no desemboca en el juicio oral y público.
En ese marco, cabe resaltar la labor realizada por el Poder Judicial en busca de adecuar los tribunales al nuevo sistema acusatorio, tarea que no fue sencilla puesto que para ello debieron sancionarse leyes complementarias que permitieron realizar los ajustes necesarios para poder enfrentar las demandas del nuevo código procesal.
Esto exigió un recambio no sólo nominal de las ex Cámaras del Crimen, que tenían a cargo los juicios orales, sino de un esfuerzo mayor aún, pues la reforma exigió la creación de un Tribunal de Juicio, integrado actualmente por siete Salas, lo que hace un total de 21 jueces dedicados al juzgamiento de todo clase de delitos penales.
Cabe mencionar que hasta antes de la reforma, sólo existían cuatro Cámaras del Crimen, o sea que sólo habían 12 jueces para el tratamiento de las causa que llegaban a juicio, mientras que ahora ese número aumento, en gran parte por la exigencia del nuevo sistema judicial.
Por ende, la labor no fue meramente administrativa, sino que demandó una importante inversión de tiempo a fin de llevar adelante los procesos de selección de jueces que llegaron para incorporarse a las nuevas salas de juicio, con el agravante de que en los últimos años una gran cantidad de magistrado se jubilaron.
A la par, el Ministerio Público debió también adecuarse a las nuevas reglas, lo que llevó a la Procuración General a la creación de la Unidad de Grave Atentados contra las Personas, la cual inició sus tareas con dos fiscales penales, para posteriormente sumarse otros dos.
Porcentaje histórico
Con la responsabilidad de que el proceso penal dispuesto para que delitos tan graves, como los de homicidios y tentativa, lleguen a juicio, el Tribunal de Juicio y los fiscales de la Unidad de Grave Atentados contra las Personas lograron en los últimos seis meses el juzgamiento de 52 de estos hechos.
De este número, sólo una sentencia fue por absolución, mientras que las restante, 51, derivaron en condenas. De las mismas, 35 fueron por debate oral y público, en tanto, 16 se establecieron a través del recurso conocido como juicio abreviado, en el cual las partes, defensa y fiscalía, pactan la condena.
El número es de destacar en vista del tiempo en que se logró el tratamiento de estas causas, pues la agenda de debates arrancó en octubre del año pasado hasta la semana pasada, sin contar el mes de feria, prácticamente hubo un ritmo ininterrumpido de juicios por estos delitos.
Si bien aún resta el juzgamiento de otras 52 causas por esta clase de delitos, el número logrado es más que alentador, pues hasta la fecha se logró reducir la tasa de impunidad prácticamente al 50%, y la proyección es que hasta fin de año ese porcentaje se incremente a una cifra que podría ser histórica.
Cabe mencionar que las causas en cuestión corresponden a hechos que se investigan bajo el nuevo sistema penal, en el cual la Unidad de Grave Atentados contra las Personas dirige el proceso penal que luego es debatido en las distintas salas del Tribunal de Juicio.
Trabajo en conjunto
Respecto a este importante avance en la reducción de la tasa de impunidad en materia de delitos de homicidios, el fiscal penal, Pablo Paz, del GAP resaltó “el trabajo en conjunto, tanto de los fiscales de Grave Atentados, a la hora de evaluar las prioridades para la realización de los juicios, como así también la respuesta favorable de parte de los jueces de juicio para atender este tipo de delitos, considerados de mayor repercusión social”.
Por su parte, el fiscal penal, Pablo Rivero, estuvo que el trabajo coordinado entre las fiscalías y las salas de juicio en lo que hace a que los casos puedan ser juzgados “no se circunscribe específicamente al cumplimiento de los tiempos exigidos y contemplados por el código procesal, sino también es una señal clara para la sociedad de que los hechos llegan a juicio en un tiempo notablemente reducido, con lo cual se acorta la brecha de demanda de justicia”.
En lo que hace a sus tareas, ambos fiscales resaltaron el importante aporte de los investigadores de la División Homicidios, como así también la labor de los peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, en el esclarecimiento de los delitos investigados y llevados posteriormente a juicio, donde las pruebas presentadas fueron contundentes.