Entre ayer y hoy, se formalizó la imputación penal por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público contra el ex titular de Defensa Civil, Víctor Ola Castro, y los jefes de los Programas de Brigada Forestal y de Defensa de Ambiente, Roberto Durnelli y César Dagúm, quienes se abstuvieron de prestar declaración indagatoria y adelantaron que lo harán por escrito.
Tal como estaba previsto, las fiscales penales, Gabriela Romero Nayar y Mónica Poma, formalizaron la imputación penal decretada la semana pasada contra Ola Castro, Durnelli y Dagúm por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
Ayer, las fiscales, a cargo de la causa penal en la que se investiga la responsabilidad de los funcionarios en la muerte de los cuatro brigadistas que perdieron la vida en un incendio forestal en la localidad de Guachipas, realizaron las audiencias respectivas contra Ola Castro y Durnelli.
La misma se realizó en el tercer piso de la ciudad judicial, en la fiscalía penal 1, con la participación de ambas fiscales, designadas como integrantes de un equipo fiscal por facultades que le competen a la Procuración General.
Ola Castro, asistidos por su abogado particular, Mario López Escotorín, tras ser puesto en conocimiento de la imputación y las pruebas reunidas por la fiscalía, optó por no prestar declaración indagatoria, aunque anunció que presentará su descargo por escrito.
Durnelli, ayer, y Dagúm, hoy a la mañana, ambos asistidos por la defensa oficial, también decidieron presentar en los próximos días su descargo por escrito. Por su parte, las fiscales dieron intervención de la acusación a la Fiscalía de Estado a fin de que se constituya en la causa, ya que la imputación afecta los intereses de la provincia.
Investigación e imputaciones
La investigación penal por las muertes de Víctor Humberto Ferreira, Mauricio Miguel Valdez, Matías Daniel Vilte y Martín Robinson Albarracín, cuyos decesos se produjeron como consecuencia de un incendio forestar ocurrido el 28 de octubre de 2014 en el paraje Las Juntas, en la localidad de Guachipas, derivó en la imputación penal contra Ola Castro, Durnelli y Dagúm.
En su decreto de imputación, las fiscales sostuvieron que tras el análisis de un gran volumen de documentación, tanto de la misma subsecretaría de Defensa Civil, como del Ministerio de Seguridad y de otros organismos estatales, como así también de las numerosas testimoniales, se pudo establecer que Ola Castro, Durnelli y Dagúm incurrieron en el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
Como eje central de la acusación penal, las fiscales señalaron que dos de las víctimas, Valdez y Vilte, pese a la capacitación que recibieron para combatir incendios forestales, los mismos “aparecen vinculados a la administración mediante contratos de locación de servicios para el Programa de Rescate de Espacios Públicos, también suscriptos por Ola Castro”.
De estos contratos, se advierte que “las funciones asignadas” era “sustancialmente diferentes” con respecto al programa específico de precaución y combate de incendios forestales, pues Vilte y Valdez tenía como “misiones y funciones tareas de desmalezamiento, limpieza y disposición final de la maleza, obligaciones de capacitación y seguridad personas y realizar tareas conjuntas y coordinadas con la Brigada de de Incendios Forestales”.
“Por el contrario los contratos de brigadistas como Ferreyra y Albarracín indicaba que sus funciones y misiones principales” eran las de “dar alerta, alarma y respuesta en la mitigación de incendios forestales y de pastizales”, agregaron las fiscales.
Asimismo, se pudo establecer que el propio Ola Castro y Durnelli solicitaron la renovación de los contratos de Valdez y Vilte pese a que los mismos además, de esas funciones también cumplían las que llevaba adelante la Brigada de Incendios Forestales. Asimismo, señalaron que Dagúm también estaba al tanto de esta irregularidad, pero pese a ello colaboró para que la misma se mantenga.
Valdez y Vilte “se encontraban afectados de manera casi permanente a la Brigada de Lucha contra los Incendios Forestales, incumpliéndose así con lo prescripto en el Convenio firmado por la Provincia en el marco del Plan nacional de Manejo del Fuego”.
Esta hipótesis criminal no es sólo fundamentada por la documental reunida, sino por las declaraciones de los compañeros de tarea de Vilte y Valdez, a quienes señalaron como los más “novatos”, pero que “ya habían participado de varios incendios en el pasado, pero que laboralmente tenían otra condición”.
En vista de ello, las fiscales determinaron que “prima facie” existen elementos para imputar a Ola Castro, Durnelli y Dagúm el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, cuya pena va de un mes a dos años de prisión.