La Fiscalía Penal 2 de Tartagal, a cargo de Pablo Cabot, solicitó al Juzgado de Garantías 1 que las actuaciones sean derivadas a la Justicia Federal ya que el delito perjudica a las víctimas y también a la Administración Nacional.
Conocido el hecho donde 3 sujetos fueron demorados con alrededor de 200 tarjetas de débito de planes sociales en su poder y con dinero que habrían extraído de las cajas de ahorro, la Fiscalía tomó intervención y ordenó las primeras diligencias.
Durante la investigación, miembros de comunidades aborígenes de la ruta 86 comenzaron a realizar denuncias policiales donde constaba que los detenidos les retenían la tarjeta de débito y exigían la clave de acceso a cambio de dinero o mercaderías que les “prestaban” y que ellos mismos cobraban.
El fiscal Cabot analizó lo hasta aquí actuado y solicitó al Juzgado de Garantías 1, a cargo de Nelso Aramayo, que las actuaciones sean derivadas a la Justicia Federal debido a que el perjuicio por el accionar de estos prestamistas, es para los beneficiarios de la tarjeta y también para la Administración Nacional, que es la que paga estos planes sociales, afectando las políticas de desarrollo socia, evitando a través de este delito que el dinero correspondiente a las asignaciones llegue a cada uno de sus beneficiarios.