Por segunda vez, la fiscalía de Delitos Económicos Complejos decidió ampliar la acusación penal contra los ex titulares de Tierra y Hábitat, un empleado y tres punteros políticos, imputados de integrar una asociación ilícita que estafó a vecinos que buscaban un lote en Parque La Vega.
La nueva ampliación penal fue presentada por la fiscal penal, Mónica Poma, en los últimos días ante el Juzgado de Garantías 5, a cargo del juez Héctor Martínez, por lo que se espera que los acusados sean nuevamente citados a prestar declaración indagatoria.
En este caso, y como sucedió con el anterior ampliación realizada el 23 de marzo pasado, las nuevas imputaciones giran en torno al número de hechos en los cuales los acusados, según el criterio de la fiscalía, se encuentran implicados.
Con respecto al ex subsecretario de Tierra y Hábitat, Diego Nicolás Barreto, quien se encuentra detenido con prisión preventiva, la fiscal sumó a los 20 hechos por el delito de exacciones ilegales agravadas, cantidad que con la nueva ampliación ascendió a 30, mientras que para el delito de exacciones ilegales simples, también imputado al ex funcionario, se sumaron otros 6 hechos, con lo cual la cantidad final quedó en 8 hechos.
En cuanto a Rodrigo Diez Tizón, también ex subsecretario de dicho organismo, la fiscalía confirmó su imputación, en este caso en calidad de integrante de la asociación ilícita, delito establecido en el artículo 210 del Código Penal, con una pena de hasta 10 años de prisión.
Para el caso de Esteban del Corazón de Jesús Clemente, quien al igual que Barreto se encuentra detenido con prisión preventiva, la fiscalía amplió la cantidad de hechos por el delito de exacciones ilegales agravadas de de 13 a 20, mientras que para el caso de exacciones ilegales simples, el número de casos quedó en 3.
Marcela Cinthia Martínez, quien sólo estaba imputada por un hecho de exacciones ilegales, ahora deberá responde por 4 casos de exacciones ilegales agravadas y 3 de exacciones ilegales simples, mientras que para Nelson Horacio Salázar, otro de los imputados, la fiscalía imputó un total de siete hechos por el delito de exacciones ilegales agravadas y uno por exacciones ilegales simples.
Respecto a Roberto Nellenssen, empleado de Tierra y Hábitat, la fiscalía confirmó su imputación en el delito de asociación ilícita en calidad de integrante, y el sumó la acusación de un hecho por el delito de exacciones ilegales agravadas.
De esta manera, la situación de los seis acusados quedó aún más comprometida, pues la fiscalía con esta ampliación, producto del análisis de 15 denuncias radicadas por vecinos que sostuvieron haber sido víctimas de las maniobras de esta organización, sumó suficientes pruebas respecto al accionar delictivos de los imputados.
Barreto: “Jefe organizador”
En su ampliación penal, la fiscal Poma sostuvo que las nuevas pruebas sumadas al expediente permite sostener y fundamentar aún más el accionar de la asociación ilícita liderada por Barreto “con el objeto de concretar hechos ilícitos dirigidos a aprovecharse de la necesidad habitacional de ciudadanos de la Provincia que concurrían a la dependencia a su cargo, en virtud de las funciones y atribuciones que poseía”.
Poma agregó que como parte de la maniobra ilícita, Barreto otorgaba “constancias de preadjudicación de lotes, a efectos de obtener de ellos dinero en efectivo para provecho propio y para solventar actos y actividades civiles y políticas, a las que también instaba su participación, vinculadas al partido político del que resulta referente en Salta (MILES) y en adhesión a diferentes agrupaciones”.
La fiscal sostuvo que en la asociación ilícita, de la cual Barreto era “Jefe organizador”, Clemente, Martínez y Salazar, eran “participes necesarios”, mientras que Diez Tizon y Nellenssen lo hacían en calidad de “integrantes”, todos del delito de asociación ilícita.
En cuanto a Diez Tizón y Nellenssen, la fiscal señaló que “durante la existencia de la asociación desempeñaron diferentes cargos públicos desde la gestión de Diego Barreto al frente de la Sub Secretaría de Tierra y Hábitat, conforme decretos de designación, por lo que según las funciones que les competían, ejecutaban acciones tendientes a aparentar legalidad a lo concretado por aquel”.
Una prueba de ello, respecto de Diez, fue “la asignación definitiva de los lotes”, la cual fue firmada por este ex funcionario, quien al momento de hacerlo revestía la condición de subsecretario de Tierra y Hábitat. La oficialización de estas resoluciones prueban las maniobras urdidas por la asociación ilícita.
En relación a Clemente, Salazar y Martínez, la fiscal indicó que las mismas desempeñaron “diversos actos concretos de colaboración y apoyo para el desarrollo y funcionamiento de la asociación ilícita, ayudando de esta forma al mantenimiento, permanencia y logro de los fines de la misma”.
Asimismo, señaló que en algunos casos los imputados “aparecen exigiendo y recibiendo sumas de dineros a los damnificados y hasta controlando la asistencia de los denunciantes a las actividades políticas que organizaban y coaccionaban a cambio de conseguir su inmueble”.