Su hija, de 13 años, contó que el hombre le puso una soga al cuello y amenazó con colgarla de una parra, entre otros hechos. La fiscal Penal 1 de Violencia Familiar y de Género también dio intervención a la UDIS para que investigue la posible comisión de un delito contra la integridad sexual.
La fiscal Penal 1 de Violencia Familiar y de Género, Claudia Geria, solicitó la detención de un enfermero de 39 años imputándolo provisionalmente por los delitos de amenazas y coacción (dos hechos). Durante la audiencia, el hombre que contó con el patrocinio letrado de un abogado particular, negó los hechos.
El 19 de octubre pasado, una mujer efectuó una denuncia en contra del hombre asegurando que el día en que la hija de ambos cumplía años, se presentó en la vivienda y pasó el día profiriéndoles insultos y amenazas desde la puerta. La mujer activó el botón antipánico que le fuera otorgado por el Juzgado de Violencia de Género por denuncias previas, y también denunció que la Policía de Salta no respondió a sus numerosos llamados.
La denunciante agregó que el hombre se presenta permanentemente en establecimiento educativo al que concurre la menor de edad y la hostiga, sin que las autoridades lo impidan.
Al tomar intervención en la causa, la fiscal Geria requirió que la menor de edad, de 13 años, fuera entrevistada en Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).
Su madre contó en sede fiscal que, en una oportunidad, la menor de edad observó a su padre consumiendo estupefacientes y éste, al darse cuenta, la habría conducido al lavadero procediendo a introducirle y sacar la cabeza de una pileta con agua mientras le decía que no repitiera lo que vio ni le contara a su mamá porque sino iba a ser la única responsable de que terminase con la vida de la mujer.
También, de la investigación se pudo conocer que en una oportunidad el hombre le habría colocado una soga en el cuello a la adolescente amenazando con colgarla de una parra de la vivienda.
Tras evaluar la información recabada, la fiscal Geria imputó provisionalmente al enfermero por amenazas y dos hechos de coacción, además de dar intervención a la UDIS por la posible comisión de un delito contra la integridad sexual.
