En la apertura de las Jornadas Nacionales de Asistencia a las Víctimas del Delito, organizadas por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta y el Ministerio de Justicia de la Nación, sus titulares Pedro García Castiella y Martín Soria, firmaron convenios que garantizan el acceso a la justicia integral y con perspectiva de género a las víctimas de delitos en la provincia.
En el marco del Consejo Federal de Víctimas, se realizan en Salta las Jornadas Nacionales de Asistencia a las Víctimas del Delito, evento que cuenta con la participación de las oficinas especializadas en asistencia a las víctimas y los organismos especializados de todas las provincias del país. La inauguración estuvo a cargo del ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, de la presidenta del Consejo Federal de Oficinas de Asistencia a la Víctima de Delitos, Matilde Alonso, y del procurador general de Salta, Pedro García Castiella.
Durante su intervención, el Ministro de Justicia de la Nación agradeció al Procurador General de Salta y a la Presidenta del Consejo Federal por la invitación a la apertura del evento nacional y expuso los distintos programas y políticas de asistencia a las distintas víctimas de delitos en colaboración recíproca entre ambas jurisdicciones.
Convenios
Durante la apertura del evento, el ministro Soria y el procurador García Castiella, firmaron un convenio y acta complementaria que permitirán al Ministerio Público Fiscal de Salta y al Centro De Asistencia a la Víctima de Delitos (CENAVID) del Ministerio de Justicia llevar adelante acciones coordinadas que permitan la promoción, la difusión y consolidación de políticas públicas, en el marco de los lineamientos de atención integral previstos en la ley n° 27.372 y garantizar que el acceso a la justicia a las víctimas de delitos en la provincia de Salta se procure través de un abordaje integral y con perspectiva de género.
Se establece que para los casos de delitos graves en los que se encuentre en riesgo la vida de la persona, la integridad sexual, la libertad, diversidad e infancia se garantizará un abordaje integral y desde una perspectiva de género desde el CENAVID, para luego dar paso a las intervenciones correspondientes por parte del Ministerio de Justicia desde el PRONALCI o el PatrocinAr, dependiendo del caso.
Volcar la mirada hacia la víctima y sus necesidades
El procurador general Pedro García Castiella expresó su satisfacción de que la provincia de Salta sea la anfitriona de la Jornada Nacional de Asistencia a la Víctima del Delito 2022, y de la reunión del Consejo Federal de Oficinas Públicas de Asistencia a Víctimas del Delito, resaltando también la suscripción del Convenio mencionado, y señalándolo como “la coronación de un esfuerzo conjunto, una consecuencia exitosa de la primeras reuniones iniciadas en marzo de este año».
García Castiella destacó la necesidad de “abrir sendas en cuanto a hacer realidad la perspectiva victimológica en lo que es el proceso penal, y en este drama que tienen que vivir las víctimas. Primero, desde el punto de vista humanitario, donde el Estado tiene que estar presente, acompañando a la víctima que debe transitar por las dificultades de un proceso penal. En segundo lugar, es una exigencia desde el punto de vista constitucional y convencional, porque la víctima tiene que ser el centro de atención de la respuesta del Estado, y esencialmente acompañarlos a lo que es el logro de otro gran valor que hoy tiene una suprema jerarquía constitucional y convencional como lo es poder alcanzar el derecho a la verdad. También debe tenerse en cuenta la importancia de reivindicar el rol de la víctima en lo que es el marco procesal estrictamente, en el que es necesario propiciar y alentar una suerte de cambio de paradigma en el trabajo de los operadores judiciales, fiscales y jueces, para un cambio de mirada hacia la víctima, que no se la vea como una cuestión aparte del proceso que si no estás regularmente constituida como querellante o actor civil, sea tomada con algún tipo de resquemor o como una suerte de auditor que viene a controlarnos, sino asociarla, acercarse, aproximarse, acompañarla porque además desde el punto de vista criminalístico la víctima el sujeto procesal o la persona es la que está en mejores condiciones para aportar información que ingrese al proceso penal. Es por eso que hay una gran pluralidad de circunstancias que hacen fundamental volcar la mirada hacia la víctima hacia todas sus necesidades, y esencialmente hacia la respuesta que el Estado está obligado a dar a este nuevo protagonista del proceso penal que es la víctima. Enhorabuena que se vaya ensanchando cada día más ese camino«.
Recordó el Procurador: “En nuestra provincia de Salta tenemos distintos avances en ese sentido en especial en lo que refiere a Violencia Familiar y de Género, una serie de legislaciones importantes, fiscalías especializadas en Violencia Familiar y de Género, tenemos en esas fiscalias la potestad de lo que se conoce en la Ley Nacional como el Defensor Público de Victimas. Estas fiscalías tienen la potestad de querellar acompañado a las víctimas en la medida que sean de modestos recursos para que exista una igualdad de oportunidades de acceso a la justicia. Hemos impulsado en la oportunidad en la que yo era Defensor General, una Ley Provincial de Víctimas que tienda a adecuar nuestro Régimen Procesal Penal a lo que es el régimen de la Ley Nº 27.372, que si bien es de orden público, invita a las provincias a adecuar su legislación a esa norma. Esas adecuaciones están contempladas en el texto de reforma del Código Procesal que está en manos de la Comisión de Reforma de Justicia, en especial es aspectos trascendentes y fundamentales, cómo es la participación de la víctima como sujeto procesal, no necesariamente como querellante o actor civil, sino como víctima a secas, como dice el doctor Pedro Bertolino, en lo que son procesos de morigeración de condiciones de libertad, ya sea en la etapa penal preparatoria, cuando hay una restricción de libertad y el acusado va a recuperar la libertad, la participación y el anoticiamiento en esta etapa, como así también en los regímenes de morigeración del encierro contemplados y previstos por la Ley Nº 24.660 , que son la semilibertad, libertad condicional, libertad anticipada, que tenga participación la víctima, anoticiamiento, que sea escuchada. Todas estas cuestiones forman parte de los proyectos que consideramos urgente adecuar en nuestra provincia de Salta. También se ha creado una Oficina de Coordinación y Antecedentes de Violencia de Género, para que sea una suerte de catalizador y colaboración con las fiscalías especializadas, para que con su trabajo de sistematización de antecedentes, ayuden a una suerte de prognosis de riesgo que le llegue al fiscal, ya en condiciones de tomar determinaciones mucho mas acertadas en cuanto a los antecedentes de cada caso”.
Prioridad en la agenda pública
Al hacer uso de la palabra, el ministro de Justicia Martín Soria, destacó la “prioridad que las políticas públicas destinadas a fortalecer el derecho y las garantías de las personas que son víctimas de delitos en nuestro país tienen dentro de la agenda de trabajo de la cartera nacional de justicia” y expuso la situación actual del Programa PatrocinAR, del Fondo de Asistencia Directo para Víctimas de Trata y el Mapa AyudAR, nuevos programas y políticas implementadas en 2022 desde el Ministerio de Justicia de la Nación.
Sobre el programa de Patrocinio Jurídico y Acompañamiento Interdisciplinario para Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Abuso Sexual (PatrocinAR), valoró que “a 7 meses de su creación y lanzamiento el patrocinar ya opera en 21 provincias del país y patrocina 377 casos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes«.
Soria destacó la consolidación del Sistema de Dispositivos Duales de Supervisión y Rastreo de Agresores por motivos de género. Subrayó “el carácter federal” que detenta ya que gracias a esa política “el gobierno nacional pone a disposición de las provincias, sin importar a que región pertenezca o de que sello partidario sea el gobierno de turno, las ya conocidas “pulseras duales”, tecnología de avanzada para hacer cumplir las restricciones dispuestas por la justicia y prevenir femicidios«.
Destacó que “en los últimos dos años logramos incorporar a todas las provincias dentro del sistema de dispositivos duales, alcanzando el 100% del territorio nacional y federalizando plenamente la política pública” y agregó que “en línea con la ampliación del sistema a todas las provincias del país hemos más que duplicado la cantidad de pulseras entregadas de forma gratuita a las provincias, pasando de 944 en 2019 a 2100 en octubre de este año”.
Martin Soria destacó la puesta en funcionamiento del Fondo de Asistencia Directa a la Víctimas de Trata, herramienta que permite utilizar los bienes y el dinero recuperado de las bandas criminales para asistir económica y directamente a las víctimas de trata, con el objetivo de reparar económicamente los daños sufridos y también asistirlas para que puedan salir de la situación de vulnerabilidad que generalmente se encuentran las víctimas antes de ser captadas.
Reconoció también el trabajo conjunto realizado con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) para articular el funcionamiento del Fondo de Asistencia a víctimas de Trata y convocó a todos los jueces, juezas, fiscales, fiscalas, defensores y defensoras a “hacer propio esta herramienta de vanguardia que desde el gobierno nacional hemos podido poner en funcionamiento para toda la sociedad”.
Rescatar la dimension humana de las víctimas
Durante su intervención, la presidenta del Consejo Federal de Víctimas, Matilde Alonso, hizo énfasis en la importancia de “Rescatar la dimensión humana de las víctimas, de carne y hueso, en una escucha integral, activa, participativa, atendiendo las afectaciones que le causa el delito sufrido y reparar, restaurar el daño causado, es un deber insoslayable de quienes operamos en todo el sistema a través del cual transitan las víctimas. Atender a los tiempos de las víctimas por sobre la agenda institucional es construir justicia humanizada, donde los derechos humanos se hacen realidad en su debido respeto”.
Por su parte, Azul Romero Beery, Directora Nacional de Asistencia a las Victimas del Ministerio de Justicia de la Nación, afirmó que “Seguimos trabajando para la efectiva implementación de la ley 27.372, garantizando el acceso a la justicia de quien ha sido víctima de delito, posicionándola en un lugar preponderante en el proceso penal”.
