Las viviendas habían sido usurpadas por un grupo de personas. Tras el acuerdo, se logró la restitución a sus adjudicatarios.
En instancia de conciliación, la Fiscalía Penal 1 llegó a un acuerdo a fin de que familias instaladas en inmuebles del grupo habitacional de Barrio Pereyra Rozas, pertenecientes al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), procedieran al desalojo de dos casas que se encontraban ocupando de manera ilegal.
Al tratarse de un hecho de usurpación, se les informó a los denunciados que se encontraban en flagrante delito, exhortándolos a evitar la judicialización del conflicto, procediendo al desalojo voluntario de los inmuebles.
Se les explicó que además de encontrarse expuestos a una causa penal por la que podrían terminar condenados, se les dificultaría toda posibilidad de de inscripción para acceso a una vivienda, aconsejándoles que continuaran las vías idóneas correspondientes.
La Fiscalía Penal 1 dio por finalizado el conflicto arribando al acuerdo de conciliación previsto, por lo que no fue necesario recurrir a la imputación por el delito de usurpación y las viviendas fueron restituidas a sus adjudicatarios originales.