El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, recibió a la diputada nacional Verónica Caliva y el coordinador provincial de Corriente Clasista Combativa UTEP, Oscar Monzón, con quienes avanzó en los aspectos principales que deberían abordarse en el marco de la Mesa de Concertación de la Tierra y Emergencia Habitacional. Mientras tanto, se mantienen distintas mediaciones penales en la capital y el interior provincial.
Durante el encuentro en el que los presentes abordaron la situación de las diferentes mediaciones abiertas por el Ministerio Público Fiscal, la diputada Caliva, -quien es secretaria de la Comisión de Población y Desarrollo Humano de la Cámara de Diputados de la Nación-, adelantó que para abordar conflictos de tierras vinculados con comunidades originarias, la Mesa de Concertación podrá contar con la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, María Magdalena Odarda y otras funcionarias y funcionarios nacionales, además de legisladores y funcionarios provinciales y organizaciones intermedias dedicadas a las necesidades habitacionales de la población.
Agregó que el Registro Nacional de Barrios Populares, que reúne información sobre las villas y asentamientos de Argentina y que actualmente está compuesto por 4.416 barrios de todo el país, dispone de fondos para la integración socio-urbana de los barrios. Vale recordar que la Ley 27.453 declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles comprendidos en el registro, suspendió los desalojos en los barrios por un período de cuatro años y habilitó la creación de un régimen especial de regularización dominial. “Esa sería la segunda etapa, que permitiría que las familias vivan en forma regular, después de acceder a su lote”, precisó la legisladora.
Por su parte, el dirigente Oscar Monzón destacó como antecedente de resolución de conflictos, la alcanzada en agosto pasado en Urundel (departamento Orán) a través de una Mesa de Diálogo integrada por el intendente de ese municipio, Víctor Caraita, las familias sin vivienda y el empresario Fernando Noceti; quien donó cuatro hectáreas para que dichas familias puedan ocuparlas en forma regular. “Ese modelo, en el que se involucren las partes afectadas para llegar a una solución y evitar la judicialización, es el que debería prevalecer para la solución de numerosos problemas generados por el déficit habitacional”, enfatizó Monzón.
Caliva consideró que el encuentro en el Ministerio Público Fiscal “fue para fortalecer el trabajo que se lleva adelante desde acá, porque quienes venimos desde los sectores populares y trabajamos en la incorporación de los derechos de los ciudadanos de esos sectores, tenemos muchas expectativas y apostamos al camino del diálogo para la resolución de temas estructurales; y en ello coincidimos con el Procurador”, señaló.
En tanto, Cornejo destacó la decisión de la fiscal penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, quien convocó a una mediación penal para el 20 de noviembre próximo, día en el que el propietario de tierras ocupadas por unas 300 familias, acordaría con ellas la venta de los lotes que ocupan en forma irregular. Entonces, el propietario y denunciante, dejaría sin efecto la denuncia en contra de ellas.
Cornejo consideró que se trata de “un imperativo ético” la conformación de la Mesa de Concertación de la Tierra y Emergencia Habitacional para abordar dicha emergencia desde todos los sectores involucrados en la temática y que los resultados se conviertan en políticas públicas y no en respuestas esporádicas a problemáticas de antigua data.