Inseguridad, violencia de género y salud pública en la agenda del MPF y el Gobierno de la Ciudad

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió a la intendenta de la Ciudad de Salta, Bettina Romero, con quien intercambió sobre el Plan Estratégico del Ministerio Público Fiscal y las políticas públicas desde aquí desarrolladas. La Jefa Comunal destacó la posibilidad de trabajo conjunto, en pos de mejorar la calidad de vida en la capital provincial, y especialmente en situaciones de violencia de género, delitos contra la propiedad y de infracciones contra la salud.

La intendente Bettina Romero se refirió a los temas de preocupación en la Ciudad y consideró que hay “muchos que nos importan y nos convocan a trabajar juntos: especialmente los altos índices de violencia contra las mujeres, los femicidios y distintas situaciones de inseguridad en los barrios de la ciudad”, precisó. También consideró que “para avanzar en una mejor calidad de vida en la Ciudad, se requiere el esfuerzo conjunto de distintas áreas de los gobiernos municipal y provincial, del Ministerio Público Fiscal y todos los organismos que puedan aportar herramientas y soluciones para ir en ese sentido”.

Salud Pública

La Intendenta afirmó que el acuerdo alcanzado entre la Municipalidad y el Ministerio Público Fiscal en abril pasado, que permite canalizar las denuncias en contra de los propietarios de inmuebles baldíos que incumplen con la obligación de mantenerlos limpios y desmalezados, “es la muestra concreta de que cuando importa el bien común y la salud pública, es muy importante trabajar todos juntos”.

“Valoro enormemente el aporte del Ministerio Público Fiscal en la lucha por la salud pública y contra el dengue, porque para la Municipalidad existe el desafío de mantener los espacios públicos, pero también están los 23 mil terrenos privados” cuya responsabilidad es de sus propietarios, recordó Romero.

Y sumó que “el apoyo institucional del MPF, fue clave porque más allá de que la Municipalidad intime, notifique y sancione, hay que entrar a esos terrenos y limpiarlos”. La intervención penal inicia una vez que los propietarios fueron intimados por la comuna e incumplieron. Los  baldíos bajo supervisión en Capital, superan los 20.000 y gran parte de sus propietarios, ofrecen impedimentos u obstáculos para ingresar y proceder a las tareas, conforme la Ordenanza N° 13.652.