Una mujer de 32 años se presentó junto a su padre en la sede fiscal y en una declaración informativa, ratificó lo vertido en sede policial en la provincia de Buenos Aires, donde asegura que no es víctima de ningún delito y que se ausentó de su hogar con la finalidad de formar una nueva pareja y que la situación era conocida por sus padres, quienes quedaron a cargo de sus dos hijos.
La Fiscalía Penal de Joaquín V. González, Delegación Apolinario Saravia, a cargo de Gonzalo Gómez Amado, informó que en el marco de las actuaciones que lleva adelante desde el mes de Enero por la desaparición de una mujer de 32 años, identificada como Ana María Gray, ésta se presentó el pasado 15 de Febrero en sede fiscal y acompañada de su padre, aclaró su situación.
La investigación se inició ante una denuncia de desaparición de la mujer de esa localidad el pasado 6 de Enero. Realizada la denuncia, se activó el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas y con la intervención de personal de la División de Trata de Personas de la Policía de la Provincia, se logró dar con su paradero en la provincia de Buenos Aires, donde se encuentra residiendo junto a una pareja.
En la oportunidad, la mujer fue entrevistada y se labró un acta en sede policial donde ella deja constancia que se trasladó a esa provincia en forma voluntaria y que sus padres conocían de su decisión. Asimismo dijo que mantiene fluido contacto con sus dos hijos de nueve años. Expresó su deseo de radicarse en Buenos Aires junto a su actual pareja y conseguir un trabajo para aportar a los gastos de sus hijos, quienes permanecen junto a sus abuelos.
Por directiva del fiscal Gómez Amado, los padres de Gray fueron citados a fines de Enero a la Fiscalía, donde se los puso en conocimiento de todo lo actuado y de la situación actual de la mujer.
El pasado 15 de Febrero, Ana María Gray se presentó en la sede fiscal acompañada de su padre y en una declaración informativa, ratificó lo dicho en sede policial en la provincia de Buenos Aires y aseguró que no es víctima de la comisión de ningún delito y que su traslado al Sur del país se debió a una decisión personal y voluntaria, que fue comunicada a sus padres, quienes quedaron a cargo de sus hijos menores de edad.