Esta tarde, el Senado de la Provincia dio media sanción al proyecto que impulsa la creación de fiscalía con competencia en protección del medio ambiente, maltrato de animales y patrimonio cultural que no tiene precedentes en el país.
A través de un comunicado oficial, mediante la red Twitter, se informó la aprobación del proyecto de ley por el cual se crea en el ámbito de la Procuración General de la Provincia, Fiscalías con competencia en medio ambiente, maltrato animal y resguardo del patrimonio cultural. Pasa a la Cámara de Diputados en revisión.
El proyecto pertenece a un grupo de legisladores liderados por el senador Enrique Gramaglia y el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Godoy y recepta las modernas líneas de trabajo de las fiscalías ambientales integrales como el caso de las españolas, brasileras y peruanas, entre muchas otras.
Este tipo de iniciativas se dan en una época en que Naciones Unidas ha hecho dramáticos llamados a la conservación ambiental, como el basado en el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de reducir el calentamiento global antes de 2030.
Superar los 1,5 grados más derivará en fenómenos climáticos extremos más salvajes, mayor sequía, escasez de alimentos y devastación económica. También publicó el informe del Panel Internacional de Recursos (IRP) que resalta el hecho de que se ha triplicado la cantidad de materias primas extraídas de la Tierra en las últimas cuatro década, lo que de continuar, para el año 2050 se necesitarán 180 mil millones de toneladas de materiales cada año para satisfacer la demanda, que equivale a casi tres veces la cantidad actual, lo que probablemente elevará la acidificación y la eutrofización de los suelos y aguas de todo el mundo, aumentará la erosión del suelo y producirá mayores cantidades de residuos y contaminación.
Un paso importante
A nivel nacional existen fiscalías especializadas como el caso federal de la UFIMA que tiene competencia solo penal y sede en la Capital Federal, por lo que realiza investigaciones delegadas y remite antecedentes a los fiscales federales del interior. Otro caso es la UFEMA de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene competencia solo para contravenciones y faltas ambientales y de animales.
El proyecto aprobado para nuestra provincia, en tanto, tiene dos cuestiones esenciales y superadoras para atacar de raíz el problema ambiental, que es complejo e involucra cuestiones de tipo ecológicas y técnicas, pero también económicas, laborales, culturales y sociales.
Por un lado, el fiscal deberá abordar el caso en todas sus dimensiones, más allá de las competencias administrativas, civiles, contravencionales y penales. Estos funcionarios tendrán como obligación usar todas las herramientas técnicas, jurídicas y mediadoras para resolverlo y asegurar la protección ambiental y social, más allá de que el hecho provenga de actividad industrial, minera, de servicios públicos, domiciliarios, agrícolas, forestales o turísticos.
Por otro lado, estos cargos judiciales no tienen los límites de las jurisdicciones políticas sino que trabaja por cuencas hídricas, haciéndose cargo de todo el problema contaminante más allá de las fronteras municipales o departamentales, siguiendo y abarcándolo desde su origen hasta cubrir todos los efectos perjudiciales.
Por otra parte, a diferencia de la provincia de Jujuy, donde se ha creado un fuero con Juzgados y Fiscalías ambientales, el proyecto de Salta opta por no tener justicia especializada, por cuanto se busca no recibir las objeciones que se le hace a un Juzgado Ambiental del que puede sospecharse de parcialidad “verde”.
Según la media sanción, los reclamos integrales contra empresas y estado de los fiscales de protección ambiental creados deberán interponerse en juzgados ordinarios, con lo cual se asegura el más pleno derecho de defensa de los imputados y demandados.
La diferencia estará dada por la calidad y especialidad de los funcionarios encargados de la investigación de los casos de daños, delitos y contravenciones ambientales, las medidas efectivas de protección que puedan solicitar y por las propuestas de reparación e indemnización que puedan exigir a nombre de los intereses generales de la comunidad salteña.
Especialización
Este paso, a su vez, reafirma el criterio de especialización que la Procuración General impulsa en materia de investigación penal, modalidad que en el caso de Salta avanzó de manera notable prácticamente en todos los delitos.
Cabe señalar que en el tratamiento de comisión de este proyecto, los senadores invitaron al Procurador Pablo López Viñals a fin de consultar detalles y aspectos que permitan pulir el proyecto de Ley ahora con media sanción. En ese encuentro, López Viñals resaltó la iniciativa, calificó de muy bueno el proyecto del senador Gramaglia y señaló una serie de aportes que los legisladores tuvieron en cuenta posteriormente.