La fiscal penal Verónica Simesen interviene en la toma de las instalaciones del ingenio por parte de un grupo de 120 personas, entre trabajadores y ex trabajadores. A partir de la denuncia realizada por el representante de la empresa, solicitó el martes el desalojo y reintegro del inmueble pero no se hizo lugar a la medida cautelar.
La Fiscalía Penal de General Güemes, a cargo de Verónica Simesen, interviene en la toma del predio del ingenio San Isidro en Campo Santo por parte de 120 personas entre las que se cuentan trabajadores y ex trabajadores nucleados en la asociación gremial SOEASI. La denuncia fue realizada por el representante legal de la firma PROSAL S.A. Y EMAISA S.A. Hugo Alejandro Pinto, quien refiere que estas personas ingresaron a las instalaciones ejerciendo violencia, ya que rompieron la cerca perimetral y se instalaron allí sin autorización y bloqueando el normal desarrollo de las actividades.
Ante esta situación, Simesen solicitó el martes pasado al Juzgado de Garantías 8 en turno, a cargo de Claudia Puertas, el desalojo y reintegro del inmueble a sus propietarios. La medida cautelar fue denegada por la jueza por una diferencia de criterios, ya que considera que existe una contradicción, por cuanto no surge en forma clara si se trata de la comisión de un hecho delictivo o de un conflicto laboral.