Fiscal interviene por un desmonte en Orán

La semana pasada se pudo lograr judicialmente una inspección ocular en finca La Laguna, ubicada en la ciudad de Orán, en el marco de una actuación administrativa iniciada por la Secretaria de Ambiente de la Provincia y girada al Ministerio Publico Fiscal a fin de lograr la remediación del daño ocasionado.

La Fiscalía Civil y Comercial de Orán, a cargo de María de los Ángeles Fernández, tomo intervención en un caso de desmonte con el fin de que se pueda remediar el daño ocasionado por el desmonte realizado en la finca La Laguna, correspondiente al catastro 7828, siendo que se encuentra ubicado dentro de una zona categorizada en color amarillo, por lo que no se permite su desmonte.

Por el incumplimiento anterior, la Secretaria de Ambiente de la Provincia ejecutó la multa correspondiente a la infracción y en esta actuación administrativa, a instancias de la Fiscal, se busca que el dueño pueda remediar el daño causado al medio ambiente producto del desmonte realizado en cerca de 221 hectáreas.

Ante esta situación la Fiscal Fernández solicito al CIF un informe respecto de las acciones necesarias para la remediación ambiental del lugar, lo que hacía necesario una inspección ocular. Esta medida no pudo concretarse en una primera visita por impedimento de algunos de los copropietarios. Sin embargo la Fiscal civil Fernández logró obtener una medida autosatisfactiva ante el Juzgado Civil y Comercial 2 de la ciudad de Orán, a cargo de Cristina del Valle Barbera, la cual autorizó una nueva comisión, que tenía la facultad de usar la fuerza pública de ser necesario para ingresar a la finca.

La inspección se llevó a cabo la semana pasada y participaron de la misma peritos del CIF, personal de la comisaria 9 de Julio, un  profesional de la Secretaria de Ambiente y la Fiscal. Con esta medida cumplida el CIF y Ambiente podrán elevar un informe con las acciones necesarias que deberán realizarse a fin de reparar el daño ambiental causado por el desmonte.

La responsabilidad civil ambiental coadyuva a las responsabilidades administrativas, penales y contravencionales a proteger los bosques nativos y significa para los transgresores la obligación de invertir en acciones de remediación cuyos costos, generalmente, superan muchas veces las ganancias irregulares que obtienen por los ilícitos.