El acusado, un hombre de 26 años que se desempeña en el Servicio Penitenciario, fue imputado por el delito de lesiones doblemente agravadas por la relación de pareja y por violencia de género por el fiscal penal de Rosario de Lerma, Gustavo Torres Rubelt. El hecho ocurrió en una vivienda del barrio San Martín de Porres, en Campo Quijano.
Tras los festejos del 9 de Julio, el acusado, Marcelo Matías Martínez, regresó a la casa de sus padres, donde convive con su mujer y un hijo de un año de vida en estado de ebriedad, razón por la cual su pareja al verlo le anticipó que no lo dejaría dormir en su cama matrimonial.
Según informó la fiscalía, este habría sido el detonante de un violento hecho de violencia que se suscitó posteriormente, pues Martínez no aceptó la negativa de su pareja e ingresó a la habitación, donde comenzó a sacarse la ropa para dormir con su mujer, quien tenía en brazos a su hijo.
Ante esta situación, agregó la denunciante, volvió a reiterarle que no iba a permitir que durmieran juntos y lo echó de la cama, momento en que el agresor comenzó a darle golpes en la cabeza, para luego agarrarla de loso cabellos y arrastrarla por el dormitorio.
Ante los gritos de la víctima, la madre de Martínez ingresó a la habitación a fin de auxiliar a su nuera, pero su hijo la empujó y siguió dándoles golpes en distintas partes del cuerpo, varios de ellos eran puñetazos en el rostro.
Una nueva intervención de la madre del acusado permitió que la mujer lograra salir hacia fuera de la vivienda, desde donde solicitó ayuda de sus familiares por teléfono, quienes a los pocos minutos se hicieron presentes en la casa y se llevaron a la joven y a su hijo.
Debido a los golpes, la mujer resultó con hematomas en rostro y cabeza según el informe médico dispuesto por la fiscalía a partir de la denuncia de la víctima, lo que derivó en el pedido de detención de Martínez, quien fue arrestado e imputado por el fiscal, donde se abstuvo de declarar.
Asimismo, el juzgado de Violencia de Género dispuso medidas de protección para la mujer, mientras que la fiscalía solicitó otras diligencias complementarias, entre ellas la realización de una pericia psicológica, un informe ambiental del acusado y puso en conocimiento de la situación a las autoridades del Servicio Penitenciario.