Con la presencia de María Fernanda Rodríguez, subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y de importantes juristas de todo el país, la comisión de trabajo centrará su tarea en dar los últimos retoques al Modelo de Atención Integral, el cual será impulsado para su implementación en todas las provincias. Las reuniones se extenderán por dos días y realizarán en la Procuración General.
En un nuevo gesto que reafirma la importancia de nuestra Provincia al momento de delinear aspectos en materia judicial, la comisión conformada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a fin de abordar la problemática de violencia de género se reunirá en esta ciudad con vista de ultimar detalles en torno al Modelo de Aplicación Integral (MAI).
Rodríguez, quien coordina desde el Ministerio de Justicia las tareas de esta comisión, ya había adelantado en Salta, en el marco de las II Jornadas de Internacionales de Violencia de Género organizadas por la Procuración General, la conformación de un modelo único de tratamiento judicial de causas por violencia de género.
En esta segunda visita, Rodríguez, junto a importantes juristas, entre ellos Eduardo Oteiza, procesalista reconocido; María Marta Cáceres, vocal del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba; Graciela Medina, jueza de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial; María de los Ángeles Baliero de Burundarena, Asesora General de Menores e Incapaces de la CABA; Julián Strassera y Celeste Leonardi, de la Asociación por los Derechos Civiles.
Las reuniones de la comisión se extenderán hasta el martes en dos turnos, y el objetivo principal de los participantes gira en torno a ultimar los detalles del Modelo de Atención Integral, el cual será presentado al Poder Ejecutivo de la Nación, a fin de que sea luego impulsado para su implementación en todo el país.
“La idea de un fuero unificado para las causas de violencia de género se enrola en una concepción que empieza a darse cuenta que, pese a los esfuerzos, el modelo actual de gestión judicial no termina por dar una respuesta eficiente. Esto queda acreditado en el alto índice de femicidios en el contexto de violencia doméstica», expresó Rodríguez.
El objetivo de este modelo no sólo busca acercarse más a la víctima, sino brindar a la mujer una atención interdisciplinarias, como ser el hecho de que la víctima, apenas realizada la denuncia, tenga la asistencia de un psicólogo, un médico que verifique las posibles lesiones y que acceda a un dispositivo de seguridad que pueda ofrecerle soluciones.
“En el marco del Plan Justicia 2020, la línea de trabajo es el fuero unificado civil y penal para casos de violencia de género, que incluirá las respectivas leyes procesales y su gestión así como la dinámica que permitiría al operador judicial (fiscales, defensores y jueces) dar el mejor servicio de justicia», señaló Rodríguez al momento de describir este modelo de abordaje.
En materia de infraestructura edilicia, indicó que la idea es que el fuero especializado funcione en un mismo edificio y que cada provincia decida cómo organizar su sistema judicial en este sentido. Por otra parte, sostuvo como vital para la protección de la víctima, la adquisición de nuevos dispositivos que permitan el cumplimiento de las medidas cautelares en casos de violencia. “Vamos a tener dispositivos superadores a los botones de pánico al dictarse la prohibición de acercamiento. Dispone un brazalete o tobillera para el agresor y otro para la víctima con una batería de litio que dura 6 meses. Es georeferenciado y le avisará a la damnificada que su agresor está a 500 metros para que tenga tiempo de tomar medidas de protección. Así, de esta manera, hace más eficiente el recurso policial porque dispara el móvil más cercano. Y además, ella tendrá más libertad ambulatoria esté donde esté”, afirmó.
En este sentido, la semana pasada los fiscales de violencia de género del Ministerio Público se reunieron con especialista a fin de conocer detalles sobre el uso de las pulseras para el control de los violentos.
Por último, la funcionaria agregó que en este nuevo abordaje de esta problemática “necesitamos un nuevo rol de juez que piense esta dimensión del conflicto no fragmentada. Es una unidad de respuesta única para los casos de violencia de género teniendo en cuenta el sistema de protección de la víctima en el marco de los adecuados procesos de garantías procesales penales”.