Juzgan a un padre por abuso sexual de su hija de 12 años

La ronda de testimoniales se inició con la declaración de su expareja. Está previsto que la audiencia se extienda hasta el próximo miércoles 21.

El fiscal penal Pablo Rivero, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala V del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra un hombre de 39 años, por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de realización, agravado por el vínculo, la guarda y la convivencia, en perjuicio de una menor de edad.

Durante la primera jornada de audiencia de debate de ayer, se escucharon los testimonios de la expareja del imputado, de la perito psicóloga que elaboró el informe basado en la declaración mediante Circuito Cerrado de Televisión de la víctima, y de la médica legal del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF), quien realizó el examen médico a la menor.

El hombre es juzgado por un hecho sucedido el pasado 1 de enero de 2022, en circunstancias en que, según consta en la denuncia radicada por su exesposa, con quien tiene dos hijos en común, la hija del acusado, una menor de 12 años, se encontraba dormitando en el domicilio de su progenitor, a quien había ido a visitar para pasar año nuevo.

Durante la madrugada de ese día, el imputado sometió a la menor a tocamientos y otros actos de contenido sexual.

La audiencia es presidida por la jueza Gabriela Romero Nayar y, según lo previsto, se desarrollará hasta el próximo miércoles 21.

Tartagal: Ocho años de prisión para dos hermanos por tentativa de homicidio

Este miércoles  se reanudó la audiencia de debate contra Sergio Daniel Rojas y Juan Ángel Rojas, en la que declararon los últimos testigos y se dio lugar a los alegatos. El hecho ocurrió en septiembre de 2021, cuando los acusados descendieron de un vehículo y con arma blanca lesionaron a un hombre, de forma grave, ocasionándole daños que pusieron en peligro su vida.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Vega, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala II del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra Sergio Daniel Rojas y su hermano Juan Ángel Rojas, como autores del delito de tentativa de homicidio en perjuicio de José Iván Aparicio.

Durante los alegatos, el fiscal Vega solicitó la condena, en el caso de Sergio Rojas, de ochos años de prisión por la tentativa de homicidio y robo. En el caso de Juan Rojas, la pena de 11 años de prisión por la tentativa de homicidio y por otra causa acumulada anterior por robo calificado con arma, agravado por la participación de un menor de edad y una tentativa de robo agravada por la participación de un menor de edad.

Por su parte, la defensa solicitó la absolución en el caso de robo y en el caso de la tentativa de homicidio pidió que se cambie la carátula a lesiones gravísimas.

La jueza Asusena Vásquez, en su veredicto, condenó a ocho años de prisión a ambos hermanos, Sergio Daniel y Juan Ángel Rojas, por el delito de tentativa de homicidio en perjuicio de José Iván Aparicio.

Cabe recordar que durante la primera jornada de audiencia de debate, la víctima había relatado las heridas de gravedad que sufrió como consecuencia del intento de homicidio, que permaneció casi dos meses en terapia intensiva y que sufrió la extirpación de un riñón, entre otras consecuencias en su organismo.

En la jornada de ayer martes 6, tal como estaba previsto, declaró el médico cirujano que atendió a José Iván Aparicio en el Hospital Juan Domingo Perón y se produjo el testimonio de testigos por parte de la defensa.

El hecho juzgado y por el que llegan condenados los hermanos Rojas sucedió el pasado 26 de septiembre de 2021 en Villa Güemes de esa ciudad. Allí, la víctima, José Iván Aparicio, fue agredido con armas blancas en la intersección de calles Salta y Algarrobo por parte de Sergio y Juan Rojas.

Violencia de género: Juzgan a un hombre por provocar dos pérdidas de embarazo

Luego de años de violencia, su expareja se animó a denunciarlo. La fiscal Penal 2 de Violencia Familiar y de Género, Luján Sodero, investigó los hechos y, tras reunir las pruebas, acusó al hombre.

En la Sala 2 del Tribunal de Juicio se realizó esta mañana la quinta jornada de la audiencia debate contra un hombre de 46 años, acusado por de los delitos de aborto (dos hechos), amenazas (dos hechos) y lesiones agravadas por género y relación de pareja previa (dos hechos), todo ello en concurso real, en perjuicio de su expareja.

La fiscal Penal 2 de Violencia Familiar y de Género, Luján Sodero, representa al Ministerio Público Fiscal y fue quien llevó adelante la investigación.

En enero de 2021, una mujer denunció a su expareja, con quien convivió -junto a tres hijas de ella- durante nueve años, en Molinos. Aseguró que, a lo largo de la relación, sufrió maltratos verbales y físicos.

Por su parte, el 3 de febrero de 2021, el hombre radicó en la Comisaría de Molinos una denuncia contra la mujer por amenaza de muerte y maltratos, acusándola de ser emocionalmente inestable y poseer problemas psiquiátricos. En el escrito señaló que ya no tenían una relación sentimental y que le había pedido que se retirara de su vivienda, a lo que la mujer respondió de manera violenta.

El hombre manifestó temer por su vida, y solicitó la exclusión del hogar de la denunciada. El Juzgado de Garantías excluyó del hogar a la mujer y ordenó la prohibición de acercamiento en un radio de 300 metros.

En tanto, al realizar la investigación de la denuncia de la mujer, la fiscal Luján Sodero ordenó distintas medidas ya que la víctima aseguró que, a lo largo de la relación, estuvo hospitalizada dos veces a raíz de los golpes recibidos y, en dos de estas oportunidades, perdió embarazos.

En efecto, según denunció, mientras cursaba el segundo mes de un embarazo, el hombre le propinó golpes de puño en gran parte de su cuerpo, lo que ocasionó que cayera al piso y le causara lesiones en parte de la cervical, y la pérdida del hijo que estaba gestando. Como consecuencia de la golpiza fue derivada desde Molinos al Hospital San Bernardo, en donde permaneció internada, no radicando la denuncia por temor.

Al año siguiente, estando nuevamente embarazada de un mes y medio, le comunicó a su pareja que serían padres, algo con lo que él no habría estado de acuerdo por lo que, aseguró, la golpeó salvajemente. Nuevamente, la mujer debió acudir al hospital de Molinos con pérdidas, desde donde la derivaron al Hospital Materno Infantil de Salta Capital.

La fiscal Sodero solicitó las historias clínicas en ambos nosocomios pudiendo constatar que en el San Bernardo fue ingresada el 28/02/17 con diagnóstico de “TEC y poli contusión” y en el Materno Infantil fue internada el 02/10/2015 con diagnóstico “presuntivo ABO c/retención restos placentarios”.

La víctima aportó que los seis meses previos a que radicara la denuncia, fueron los peores y debía pedirle perdón por todo. “Cuando en el negocio no salía algo bien, él me decía que yo soy una persona negativa, que no le sirvo, que las cosas que yo hacía no servían. A tal punto que yo tenía que pedir perdón si las cosas no salían bien, para que se tranquilizara”, narró.

Al momento de realizar la denuncia, en enero de 2021, la mujer admitió que “yo no tenía el valor para denunciarlo, sentía mucho miedo, lo hice cuando amenazó con volarme la cabeza”, y que “la casa la compramos juntos y todo lo que hay adentro es con el esfuerzo de los dos. Él la puso a su nombre y después que lo denuncié, me denuncia por usurpación. Puso que soy una loca, me sacó todo, me dejó en la calle porque me excluyeron a mí”

Alto nivel de riesgo

La fiscal 2 de Violencia Familiar y de Género solicitó al personal del CIF que realice una valoración de la situación. De allí surgió que “la entrevistada presenta un alto grado de vulnerabilidad, depende emocionalmente y económicamente del acusado, tiene baja señal de alarma, no mide la gravedad de los hechos que vive, los naturaliza. A partir de lo observado y teniendo en cuenta el relato de la entrevistada, se puede inferir, de acuerdo a la Escala de Predicción de Riesgo de Violencia, que los indicadores de riesgo a que sucedan nuevos episodios de violencia al momento de la entrevista son: Violencia cronificada y con escalada en ella. Violencia verbal. Violencia física. Celos exagerados. Violencia psicológica. Conductas de control y sometimiento sobre la víctima. Cese reciente de la relación. Escasas redes de contención familiar y social. Naturalización y minimización de la violencia. Bajo nivel de alarma. Vulnerabilidad de la víctima. A partir de los indicadores observados se puede inferir que existe alto nivel de riesgo de que vuelvan a suceder hechos de violencia.”

Por todo ello, y a fin de salvaguardar la integridad física y psicológica de la mujer, la fiscal Sodero solicitó la detención del hombre y lo acusó por aborto (dos hechos), amenazas (dos hechos) y lesiones agravadas por género y relación de pareja previa (dos hechos)

Metán: Cumplirá prisión condicional por lesionar a su expareja

No era la primera vez que el acusado agredía a su expareja, con quien tiene un hijo en común. Además de la condena, la Jueza le impuso una serie de medidas de conducta.

La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género de Metán, Susana Redondo Torino, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio en el que la Sala II del Tribunal de Juicio Distrito Judicial Sur, vocalía a cargo de la Jueza Carolina Poma, se condenó a un hombre de 30 años, a la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional, por el delito de lesiones agravadas por mantener una relación de pareja con convivencia y por el género.

El hecho sucedió el 10 de enero de 2021, cuando el acusado llegó a la casa donde convivía con la damnificada, con quien tiene un hijo en común. La mujer se encontraba descansando, y sin mediar palabra se abalanzó sobre ella y comenzó a darle golpes de puño en la cara y el cuerpo.

El hombre la tomó del cuello y la asfixió, logrando la mujer sacárselo de encima y salir corriendo en busca de auxilio; pero una vez en la calle, el acusado comenzó a perseguirla en vehículo.

La víctima intentó pedir ayuda a unas personas que se encontraban en un negocio, pero ninguno quiso asistirla. Cuando el acusado logró alcanzarla, un hombre se interpuso, mientas otra persona en motocicleta, la condujo a la casa de su padre.

Según manifestó la damnificada, no era la primera vez que sufría este tipo de agresiones.

El certificado médico emitido por el profesional que asistió a la mujer agredida, informó que presentaba “hematoma en ojo izquierdo, pómulo izquierdo, hematoma longitudinal en región lateral del cuello, de 10 cm., excoriación en mucosa yugal de labio superior, hematoma en brazo derecho, hematoma en región parietal posterior, refiere dolor en dorso”.

La jueza Carolina Poma, luego de imponer la condena de seis meses de prisión condicional a Nicolás Sebastián González, le dictó una serie de reglas de conducta, como fijar residencia en el radio del Tribunal por el término de dos años, prohibición de ejercer cualquier tipo de acto de violencia en contra de la denunciante, entre otras.

Juicio a dos mujeres policías: El lunes 24 se conocerá el veredicto

Tras un cuarto intermedio, este viernes se reanudó la audiencia de debate contra dos mujeres policías, acusadas por un hecho ocurrido en 2018, cuando una mujer sufrió una fractura al ser reducida en un procedimiento policial. Hoy finalizó la ronda de alegatos.

El fiscal de Derechos Humanos, Gabriel González, solicitó la condena para la agente Judith Villanueva y la sargento ayudante Silvia Martínez, por considerarlas coautoras de los delitos de vejaciones calificadas, agravadas por el uso de la violencia y lesiones graves, agravadas por la función policial y la pena de 3 años de ejecución condicional, con prohibición de acercamiento a la víctima. Además, la inhabilitación especial para ejercer cargos en las fuerzas de seguridad del Estado por el doble de tiempo que dure la condena.

Durante los alegatos, el fiscal González solicitó que se valore el hecho en el contexto de violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad policial del Estado, que le produjo lesiones de gravedad a la víctima. Pidió, además, que el testimonio de esta última también sea analizado en ese contexto, al igual que toda la prueba recibida.

Para ello, la Fiscalía de Derechos Humanos hizo la valoración de toda la prueba producida, los testimonios directos, indirectos e inmediatos.

Por otro lado, el fiscal González recordó que, oportunamente, se solicitó la remisión de copias a la Fiscalía Penal 1 por el posible delito de falso testimonio cometido en audiencia, del hoy Comisario Arias, que en aquel entonces revestía el cargo de suboficial principal, por parte del Ministerio Público Fiscal y de la defensa.

Al finalizar los alegatos, tanto de la fiscalía como de la defensa, la jueza Gabriela González dispuso un cuarto intermedio hasta el lunes 24 de octubre, para dar a conocer el veredicto.

Los hechos

El hecho ocurrió el 4 de febrero de 2018 cuando la víctima fue agredida físicamente por personal policial femenino que se encontraba prestando servicio en el local bailable “Carpa El Gaucho La Florida”, de la localidad de La Merced. 

La denunciante se encontraba esperando el colectivo frente a la carpa sobre Ruta 68, cuando observó que había un incidente entre varias personas que se encontraban en el lugar y en el que intervino personal policial.

Al ver que el incidente se desplazaba hacia donde se encontraba junto a su pareja, le pidió a los efectivos que pararan. Fue entonces cuando una policía de sexo femenino le dijo que se retirara. Cuando procedían a abandonar el lugar, sintió que la tomaron del brazo izquierdo con fuerza, haciéndoselo hacia atrás, queriéndola reducir. En ese momento le propinaron un golpe de puño en el brazo desde atrás, e inmediatamente sintió un fuerte dolor.

La situación provocó a la víctima “el quiebre del brazo izquierdo (húmero por torsión), usando una fuerza desproporcionada y mayor a la requerida para la reducción de la víctima”, corroborado por el informe de Medicina Legal del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF). 

Federico Parra declaró en el juicio contra Ernesto Gonza

El ex intendente de San Lorenzo brindó detalles sobre las cuentas bancarias del municipio y las condiciones en las que encontró la Intendencia al asumir el cargo. La fiscal penal UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal.

Esta tarde se desarrolló una nueva audiencia del juicio contra el ex intendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando “Kila” Gonza; y Sergio Armando, que se desarrolla desde el 3 de octubre en la Sala 1 del Tribunal del Juicio.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, le imputa a Gonza los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) y peculado de servicios, todo en concurso real, en calidad de autor. A Armando le imputa los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) (autor) y peculado de servicios (partícipe necesario), todo en concurso real.

La acusación que sostiene la UDEC se sustenta en que el imputado Ernesto Fernando Gonza, mediante contratación directa, convino los servicios de la empresa “El Montañez” que pertenecía a Sergio Armando, hermano del entonces funcionario municipal Rodolfo Armando, para la contrucción de una alcantarilla sobre calle Belgrano y casillas del Plan una casa para tu hogar.

El primer testigo de la jornada fue el también ex intendente de San Lorenzo, Federico Parra, quien asumiera el Ejecutivo municipal al concluir la gestión de Gonza.

A lo largo de su declaración, Parra brindó detalles de las cuentas del municipio y las circunstancias en las que encontró la Intendencia al asumir, los reclamos de sanlorenceños por los defectos en la construcción de la alcantarilla de calle Belgrano y en las casillas del Plan Una Casa para tu Hogar.

Parra, además contó que, al día siguiente de asumir, descubrieron que en el último día de la gestión de Gonza, se habían librado varios cheques para ser cobrados a la nueva gestión.

Además, hoy continuaron testificando beneficiarias de las casillas.

Metán: Condenado por desobedecer medidas impuestas por violencia de género

Por incumplir las medidas judiciales dictadas por el Juzgado de Violencia, el hombre incurrió en desobediencia judicial, de manera reiterada, por lo que resultó condenado.

La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 3 de Metán, Susana Redondo Torino, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio en el que la Sala II del Tribunal de Juicio Distrito Judicial del Sur, a cargo del juez Sebastián Fucho, condenó a Ignacio Luciano Ugarte, de 45 años, a la pena de dos meses de prisión de ejecución condicional por el delito de desobediencia judicial (tres hechos), en perjuicio de la administración pública y lo absolvió del delito de amenazas, en perjuicio de su expareja.

Los hechos por los que resulta condenado sucedieron en fecha 12 de noviembre de 2019, 1 y 2 de diciembre de 2019, en la ciudad de Metán, cuando el acusado, encontrándose plenamente notificado de las medidas impartidas por el Juzgado de Violencia, actuando con pleno conocimiento y dolo, volvió a acercarse a la damnificada, haciendo caso omiso a dichas medidas.

El juez Sebastián Fucho, en el mismo fallo, luego de condenar a dos meses de prisión de ejecución condicional a Ignacio Luciano Ugarte, le impuso la realización de tratamiento psicológico y la abstención de ejercer cualquier tipo de violencia en contra de su expareja.

Inició el juicio contra la organización que vendía drogas en el penal de Villa Las Rosas

Ninguno de los imputados declaró en el primer día de la audiencia debate. Sesenta personas fueron citadas a prestar testimonio. El Ministerio Público Fiscal es representado por el fiscal Penal de UFINAR, Santiago López Soto.

Hoy se desarrolló la primera audiencia del juicio debate que se sigue contra nueve personas dos de ellos internos de la Unidad Carcelaria N° 1, por comercialización de estupefacientes.

Como estaba previsto, en el inicio de la jornada se dio lectura de los fundamentos de la acusación que sostiene el fiscal Penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Santiago López Soto; contra Nicolás Ezequiel Martínez Fleitas; Cristina Alejandra Santander Contreras; Rocío Alejandra Rodríguez; Micaela Del Valle Alderete y Guillermo Alejandro Alfredo Lozano por los delitos de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada y por cometerse en un establecimiento de detención; y contra Valeriano Daniel Nicolás, Miguel Martín Navarro, Pablo Alexis González Hussain por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada, en calidad de coautores.

Luego, el juez Marcelo Rubio, que preside el Tribunal, consultó a los nueve imputados si era su voluntad declarar, absteniéndose todos por el momento.

La audiencia continuó con los testimonios de efectivos que participaron de la investigación del caso. En total fueron citados 60 testigos para el juicio, que se prevé se extenderá hasta la semana próxima.

El tribunal colegiado está conformado por los jueces Marcelo Rubio, Gabriela Romero Nayar y Mónica Faber. Por el Ministerio Público interviene el fiscal Santiago López Soto.

La audiencia debate se reiniciará mañana a las 9 en la Sala 5 del Tribunal del Juicio.

El lunes inicia el juicio contra la organización que vendía drogas en la Unidad Carcelaria 1

En agosto de 2020, una mujer denunció en el programa Central Policial  que en Villa Las Rosas vendían drogas a los detenidos y luego amenazaban a familiares para que paguen. La UFINAR inició una investigación que concluyó con 9 imputados, que serán juzgados desde el lunes, a las 9, en la Sala 5 del Tribunal del Juicio.

El lunes 1 de agosto, a las 9, iniciará en la Sala 5 del Tribunal del Juicio la audiencia de debate contra nueve personas, dos de ellos internos de la Unidad Carcelaria N° 1, por comercialización de estupefacientes.

El Tribunal estará integrado por los jueces Marcelo Rubio, Gabriela Romero Nayar y Mónica Faber. En el juicio intervendrá el fiscal Penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Santiago López Soto.

El Ministerio Público Fiscal sostiene la acusación contra Nicolás Ezequiel Martínez Fleitas; Cristina Alejandra Santander Contreras; Rocío Alejandra Rodríguez; Micaela Del Valle Alderete y Guillermo Alejandro Alfredo Lozano por los delitos de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada y por cometerse en un establecimiento de detención; y contra Valeriano Daniel Nicolás, Miguel Martín Navarro, Pablo Alexis González Hussain por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada, en calidad de coautores.

Durante la primera jornada se dará lectura al requerimiento de elevación a juicio de la causa, para luego dar inicio a la recepción de las testimoniales.

La causa

En agosto de 2020, la UFINAR inició una investigación por una notitia criminis dada a conocer en el programa Central Policial de FM Profesional. Allí fue entrevistada una mujer que tenía un familiar o allegado cumpliendo condena en la Unidad Carcelaria 1 a quien otros internos le vendían sustancias estupefacientes. Luego, se le exigía a los familiares de los condenados el pago de las sustancias a través de transferencias, amenazándolos en caso de negativa con tomar represalias en contra de éstos dentro del penal.

A través de la investigación se pudo establecer que, mediante comunicaciones telefónicas desde el interior de la Unidad Carcelaria, el interno Guillermo Alejandro Alfredo Lozano era el encargado de conseguir sustancias estupefacientes. Esta tarea la realizaba junto a su pareja Cristina Alejandra Santander Contrera, quien además la fraccionaba y la hacía ingresar al penal a través de distintas mujeres, entre las que se pudo identificar a Micaela del Valle Alderete.

Una vez ingresada la droga, Lozano y el interno Nicolás Ezequiel Martínez Fleitas se encargaban de venderla entre los detenidos y cobraban en el momento o encargaban a Santader Contrera que le cobrara a sus familiares a través de una cuenta de Mercado pago.

Por su parte, la hermana de Fleitas, Rocío Alejandra Rodríguez, también se encargaba de la adquisición de estupefacientes fuera del penal y coordinaba el ingreso a la Unidad Carcelaria.

Finalmente, Valeriano Daniel Nicolás, Miguel Martín Navarro, Pablo Alexis González Hussain eran los proveedores de Rodríguez y Santander Contrera.

Caso Rangeón: Durante las 8 jornadas del juicio prestaron testimonio las víctimas, el acusado, 46 testigos y peritos

El Ministerio Público Fiscal, representado por Pablo Rivero, acusó al productor de modas de abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual simple y estafa. Mañana, desde las 9, se desarrollarán los alegatos finales de las partes.

A partir de las 9 de mañana viernes 22, se desarrollará la última jornada de la audiencia debate que se lleva adelante contra Pablo Marcelo Rangeón en la Sala 5 del Tribunal del Juicio, integrado por los jueces Gabriela Romero Nayar, Pablo Farah y Mónica Faber.

El representante del Ministerio Público Fiscal, Pablo Rivero, será el encargado de iniciar los alegatos finales de las partes. El fiscal Penal 4 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual acusó a Rangeón de los delitos de abuso sexual con acceso carnal continuado en perjuicio de S. Y. G.; abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de C. F. R.; abuso sexual con acceso carnal y estafa en perjuicio de J. P. R. P.; abuso sexual simple en perjuicio de M. L. B.; abuso sexual simple continuado en perjuicio de M. P. G. E.; y abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de C. A., todo ello en concurso real.

A lo largo de las ocho jornadas en las que se desarrolló el juicio, prestaron declaración las víctimas, el acusado, 46 testigos, así como peritos informáticos, psicólogos, asistentes sociales y miembros de la Policía de Salta. Rangeón solicitó declarar en distintas oportunidades.

La defensa del imputado está a cargo de Luciano Romano y Fernando Díaz Zabalaga. En la actoría civil se desempeñan Sandra Domene y Jorge Agüero.

El fiscal Penal de UDIS 4, Pablo Rivero, durante una de las jornadas del juicio