Prisión para un abusador

Un hombre de 40 años pasará nueve años en prisión por el abuso sexual de una menor de edad con la que convivía. Será registrado en el Banco de Datos Genéticos y se recomendó que sea sometido a tratamiento psicológico.

La fiscal penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Cecilia Flores Toranzos, representó al Ministerio Público ante la Sala IV del Tribunal de Juicio en la audiencia de debate contra un hombre de 40 años, acusado como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia previa en perjuicio de una menor de edad.

El hecho fue denunciado por la madre de la menor de 11 años, al tomar conocimiento de que su hija había sido abusado sexualmente por una persona que convivía con ellas y con la que tenían una relación de familiaridad.

La jueza Norma Beatríz Vera, tras el alegato de las partes, le impuso la pena de nueva años de prisión al acusado y en el mismo fallo, dispuso la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

Se sugirió además que el acusado sea sometido a tratamiento psicológico por la naturaleza de los hechos juzgados.

Tartagal: prisión para una abuela que vendía drogas con su nieto

Eustaquia Tolaba fue condenada este jueves a cumplir seis años de prisión efectiva por comercializar estupefacientes en esa ciudad y emplear a su nieto menor de edad para la comercialización bajo modalidad delivery. Por sus antecedentes, fue declarada reincidente.

El fiscal penal 1 de Tartagal, Gonzalo Vega, representó al Ministerio Público ante la Sala II del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra Eustaquia Tolaba y un menor de edad, acusados del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La acusada vendía sustancias estupefacientes en su vivienda bajo la modalidad boca de expendio y con la participación de su nieto menor de edad, comercializaba bajo la modalidad delivery. Al momento del allanamiento realizado en su vivienda, tenía en su poder alrededor de 500 dosis de pasta base, que fueron secuestradas.

La jueza Asusena Vásquez, luego de los alegatos de las partes, hizo lugar al pedido del fiscal Vega y le impuso a la acusada la pena de seis años de prisión efectiva como autora del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la utilización de un menor en la venta y fue declarada reincidente.

El menor de edad fue declarado responsable penalmente como autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y se giraron las actuaciones al Juzgado de Menores correspondiente.

Inicia el juicio al productor alemán acusado de envenenar a dos empleados

Hartmut Torsten Theobald será juzgado desde este lunes y hasta el 23 de junio por el homicidio calificado de Ramón Ignacio Casas y la tentativa de homicidio calificado de Benito Soraire. Ambas víctimas eran trabajadores en una finca del productor y fueron envenenados a través de los alimentos que éste les proporcionaba.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ramiro Ramos Ossorio, representará al Ministerio Público ante la Sala VII del Tribunal de Juicio en la audiencia de debate contra Hartmut Torsten Theobald imputado por los delitos de homicidio calificado por el uso de veneno u otro elemento insidioso en perjuicio de Ramón Ignacio Casas y por el delito de tentativa de homicidio calificado por el uso de veneno u otro elemento insidioso en perjuicio de Benito Soraire en concurso real.

Según fijó el Tribunal, integrado por los jueces Francisco Mascarello, Paola Marocco y María Livia Carabajal, la audiencia se desarrollará desde este lunes 1 de junio hasta el 23 por la mañana.

La investigación se inició cuando el mismo Hartmut reportó en Octubre de 2018 que, cuando fue a su finca ubicada en la localidad de Palomitas, encontró a su empleado Casas sin vida y en avanzado estado de descomposición en una habitación que ocupaba y que le parecía que había consumido alguna sustancia tóxica ya que había encontrado una botella con un líquido sobre la mesa.

La autopsia reveló que la muerte de Casas se produjo por paro cardiorrespiratorio por intoxicación con veneno (pesticida), elemento tóxico que resultó coincidente con el contenido de la botella y plato que fueron secuestrados en la mesa del fallecido.

A estos elementos, el fiscal sumó la declaración de familiares de la víctima, quienes en forma coincidente dijeron que Casas trabajaba hace varios años para Hartmut desempeñando trabajos de cuidado de la hacienda y que mantenían malas relaciones laborales hace algún tiempo ya que no le pagaba lo que le correspondía y le propinaba malos tratos.

Los hijos del fallecido incluso relataron que su padre los reunió y les manifestó que su patrón lo seguía y que cualquier cosa que le sucediera, sería su culpa.

Familiares de Casas revelaron que éste les confesó que había radicado una denuncia ante la AFIP contra su empleador, lo que fue verificado por las tareas investigativas con documentación acreditante.

En el marco de esta investigación, se llegó a Benito Soraire, un trabajador rural que prestaba servicios en la finca del acusado desde 1985 y que vivía en una casa que éste le facilitaba. El día lunes 8 de Octubre de 2018, Soraire descubrió que cuatro de sus perros estaban muertos y los enterró y el lunes siguiente, su patrón se hizo presente con una bolsa con carne y sospechó sobre su buen estado ya que al abrirla sintió un olor extraño. De todas maneras la cocinó y la ingirió. Luego comenzó a experimentar malestar con vómitos y mareos.  Al día siguiente fue a verlo a Theobald para que lo llevara al hospital porque seguía con malestar y le dijo que esperara hasta el día siguiente.

Ante la negativa, Soraire se fue caminando hasta el nosocomio y allí le dijeron que la carne estaba en mal estado y le suministraron medicación. Al  regresar a su casa, le dio a otro perro la carne sobrante y el animal murió.

En la vivienda se secuestró resto de esa carne, la cual fue analizada por el Servicio de Toxicología Forense del CIF, en cuyo informe consta que en la muestra analizada se detectó el mismo potente pesticida que causó la muerte de Casas.

Inicia el juicio al productor alemán acusado de envenenar a dos empleados

Hartmut Torsten Theobald será juzgado desde el 1 al 23 de junio por el homicidio calificado de Ramón Ignacio Casas y la tentativa de homicidio calificado de Benito Soraire. Ambas víctimas eran trabajadores en una finca del productor y fueron envenenados a través de los alimentos que éste les proporcionaba.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ramiro Ramos Ossorio, representará al Ministerio Público ante la Sala VII del Tribunal de Juicio en la audiencia de debate contra Hartmut Torsten Theobald imputado por los delitos de homicidio calificado por el uso de veneno u otro elemento insidioso en perjuicio de Ramón Ignacio Casas y por el delito de tentativa de homicidio calificado por el uso de veneno u otro elemento insidioso en perjuicio de Benito Soraire en concurso real.

Según fijó el Tribunal, integrado por los jueces Francisco Mascarello, Paola Marocco y María Livia Carabajal, la audiencia se desarrollará entre el 1 y el 23 de junio por la mañana.

La investigación se inició cuando el mismo Hartmut reportó en Octubre de 2018 que, cuando fue a su finca ubicada en la localidad de Palomitas, encontró a su empleado Casas sin vida y en avanzado estado de descomposición en una habitación que ocupaba y que le parecía que había consumido alguna sustancia tóxica ya que había encontrado una botella con un líquido sobre la mesa.

La autopsia reveló que la muerte de Casas se produjo por paro cardiorrespiratorio por intoxicación con veneno (pesticida), elemento tóxico que resultó coincidente con el contenido de la botella y plato que fueron secuestrados en la mesa del fallecido.

A estos elementos, el fiscal sumó la declaración de familiares de la víctima, quienes en forma coincidente dijeron que Casas trabajaba hace varios años para Hartmut desempeñando trabajos de cuidado de la hacienda y que mantenían malas relaciones laborales hace algún tiempo ya que no le pagaba lo que le correspondía y le propinaba malos tratos.

Los hijos del fallecido incluso relataron que su padre los reunió y les manifestó que su patrón lo seguía y que cualquier cosa que le sucediera, sería su culpa.

Familiares de Casas revelaron que éste les confesó que había radicado una denuncia ante la AFIP contra su empleador, lo que fue verificado por las tareas investigativas con documentación acreditante.

En el marco de esta investigación, se llegó a Benito Soraire, un trabajador rural que prestaba servicios en la finca del acusado desde 1985 y que vivía en una casa que éste le facilitaba. El día lunes 8 de Octubre de 2018, Soraire descubrió que cuatro de sus perros estaban muertos y los enterró y el lunes siguiente, su patrón se hizo presente con una bolsa con carne y sospechó sobre su buen estado ya que al abrirla sintió un olor extraño. De todas maneras la cocinó y la ingirió. Luego comenzó a experimentar malestar con vómitos y mareos.  Al día siguiente fue a verlo a Theobald para que lo llevara al hospital porque seguía con malestar y le dijo que esperara hasta el día siguiente.

Ante la negativa, Soraire se fue caminando hasta el nosocomio y allí le dijeron que la carne estaba en mal estado y le suministraron medicación. Al  regresar a su casa, le dio a otro perro la carne sobrante y el animal murió.

En la vivienda se secuestró resto de esa carne, la cual fue analizada por el Servicio de Toxicología Forense del CIF, en cuyo informe consta que en la muestra analizada se detectó el mismo potente pesticida que causó la muerte de Casas.

Ocho años de prisión para el conductor que mató a una mujer y lesionó a su hijo

En fallo unánime, el Tribunal de la Sala V de Juicio, condenó a Cristian Sebastián Mamaní a la pena de 8 años de prisión efectiva como autor de los delitos de homicidio simple en concurso ideal lesiones leves por un hecho ocurrido en marzo de 2019 en barrio El Cruce de General Güemes.

Este viernes se desarollaron los alegatos en la audiencia de debate contra contra Cristian Sebastián Mamaní, “Payaso”, imputado como autor de los delitos de homicidio simple en perjuicio de Zulma Fernández en concurso ideal con lesiones en perjuicio de Alex Cardozo.

Luego de la deliberación, el Tribunal de la Sala V de Juicio, haciendo lugar al pedido de la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, condenó al acusado a la pena de 8 años de prisión efectiva y en el mismo fallo, dispuso la extracción de material genético del imputado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

Jimena Salas: piden juicio oral y público para Vargas y Cajal Gauffin

Los fiscales de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ana Inés Salinas y Gustavo Torres Rubelt, pidieron al Juzgado de Garantías 5, la elevación a juicio contra los imputados Sergio Horacio Vargas y Nicolás Federico Cajal Gauffin.

Salinas Odorisio y Torres Rubelt requirieron juicio oral y público en contra de Sergio Horacio Vargas (34 años), en calidad de partícipe secundario, del delito de homicidio triplemente calificado por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por precio de o promesa remuneratoria y en perjuicio de Jimena Salas; y en contra de Nicolás Federico Cajal Gauffin , como autor responsable del delito de encubrimiento agravado, en perjuicio de la administración de justicia.

En el requerimiento, los fiscales relataron los hechos ocurridos desde el 27 de enero de 2017, cuando Cajal Gauffin halló el cuerpo de Jimena Salas, las medidas ordenadas y todo lo sucedido hasta llegar al pedido de elevación a juicio. A partir de los elementos, Salinas Odorisio y Torres Rubelt, sostienen que la conducta desplegada por el imputado Cajal derivó en una manifiesta obstrucción de la justicia, perpetrada en orden a evitar dar cuenta acerca del origen o naturaleza de bienes espurios que estaban en su poder y que fueran sustraídos por los autores del homicidio en ocasión de ejecutar el hecho principal.

Sobre Vargas

Dijeron que como consecuencia de las medidas llevadas a cabo en la investigación se pudo establecer que los autores materiales contaron con la activa colaboración del imputado Sergio Vargas para la perpetración del hecho, lo que se logró probar con grado de probabilidad suficiente. Mientras que, por otra parte se pudo establecer que el coimputado Nicolás Cajal Gauffin, pese a ser pareja de la damnificada, habría desplegado conducta criminalmente punible, al ocultar información trascendental para la investigación de los hechos, direccionándola y condicionando el resultado; todo ello en función de intereses personales, lo que sumado al transcurso del tiempo ha impedido (hasta el momento) la determinación de los autores materiales, sobre los que la investigación debe continuar y continúa de manera constante e intensa.

Al pedido sumaron todos los elementos probatorios recabados durante la investigación; entre ellos, las numerosas declaraciones testimoniales, entre las cuales varias coincidieron en señalar a un hombre que consultó por una “señora que tenía unas hijitas en la entrada, al principio de calle Las Virginias (domicilio de Salas) y que esta señora le había encargado que le iba a comprar”. Otros testimonios describieron a un hombre con un perro en las manos, y otros describieron a Salas hablando con uno de esos sujetos.

La base probatoria también se sustenta en informes policiales, de telefonía (que confirmaron que Vargas utilizó líneas telefónicas registradas a su nombre y prepagas con una “actividad inusual, intercambiando tarjetas SIM de diversas compañías de manera permanente y llamativa”), con impacto en la zona donde residía Salas, a principios de enero.

“Se pudo determinar fehacientemente la utilización de telefonía celular de manera llamativamente sospechosa en general y en particular por haberse comprobado que el día 4 de enero estuvo en la zona con un equipo telefónico que no se corresponde a los numerosos elementos secuestrados en la causa”, dicen los informes. Otro dato llamativo es que el día posterior al hecho consultó la web del diario El Tribuno cuando según se puede comprobar jamás había ingresado a un portal de noticias”. Según el Gabinete de Informática Forense – Depto. de Criminalística del CIF del Ministerio Público Fiscal, tuvo “una conducta atípica en los motores de búsqueda utilizados”, ya que sobre un total de 2672 (dos mil seiscientos setenta y dos) cookies recopiladas en el dispositivo, constan seis registros de visitas a la página web el diario El Tribuno el día 28 de enero de 2017, un día después del crimen.

Sobre Cajal Gauffin

Sobre el imputado Nicolás Federico Cajal Gauffin, se sumaron testimonios, informes médicos y policiales, pericias informáticas y telefónicas, entre otras. Se dio cuenta de que cuando llegó la policía, “su estado era sereno, predispuesto y atento a los detalles solicitados, haciendo siempre hincapié en que su concubina (víctima) habría sido atacada por un ladrón”. El imputado dijo que “los policías le dijeron que lleve a las menores (sus dos hijas, halladas en el baño), al auto para preservar la escena y a él, también le pidieron que se retire de la casa”. No fue detenido.

La alarma

También se suma el informe de la empresa proveedora del servicio de alarmas, que confirman que fue apagada el 26 de enero y restablecida el 30 del mismo mes, sin intervención de los técnicos.

Indica que “no existen constancias que funden la falla de comunicación del sistema GPRS en la alarma instalada en el domicilio de la víctima por sabotaje, ni corte de alimentación y no fue posible la falla por equipos de inhibidores de señal en razón que tanto la víctima como la niñera utilizaron sus equipos de telefónica celular encontrándose en el inmueble…por lo que resulta concluyente que la falla de comunicación registrada en fecha 26 de enero de 2017, víspera del homicidio aconteció al desconectar la antena de la misma; que momentos previos al evento de “falla en comunicación”, Nicolás Cajal se encontraba en el inmueble solo.

Indica el pedido de elevación a juicio que “Cajal no mencionó ni la existencia de la alarma ni la extraña falla que en la víspera se había registrado, conociendo él la falla producida y su falla en el funcionamiento cuando ocurrieron los sucesos, ya que constan grabaciones registradas por la empresa en las que le comunican que la misma NO estaba funcionando”. Destacan que el servicio fue restablecido el 30 de enero, sin la intervención de equipos técnicos de la empresa

Testigos también señalaron que Cajal Gauffin utilizaba distintos números de teléfono, que no declaró.

Cajal anticipó la hipótesis del “perro”

Otro dato es que un compañero de trabajo del imputado declaró que cuando llegó a Vaqueros, el 27 de enero de 2017, Cajal le dijo “la mataron a mi mujer… por culpa de ese perro de mierda la mataron a mi mujer…”. Es decir, Cajal “señaló al testigo, una circunstancia fáctica vinculada al modo de comisión del hecho, la que no fue conocida sino tiempo después y merced a diferentes tareas investigativas, lo que da cuenta que conocía de antemano información de la mecánica del luctuoso suceso”. La hipótesis de los dos sujetos que aparecieron con un perro, fue elaborada en octubre de 2019.

Los homicidas buscaban un maletín

Otro informe policial pone de relieve que pese a existir una caja fuerte, los causantes se dirigieron directamente hasta un maletín y que por el nivel de preparación, el recorrido interno efectuado, y la metodología registrada, podría haberse tratado de un domicilio “entregado”.

En noviembre pasado, se realizó sobre dicho maletín, la prueba denominada “ejercicio punto a punto”, en la que el trabajo de perros certificados en la búsqueda de divisas, moneda de curso nacional y sustancias estupefacientes, dio positivo para sustancias narcóticas y/o divisas en su interior. La caja fuerte que estaba en el mismo placard, “no fue ni siquiera tocada…y a pesar de su fácil acceso y visibilidad, no fue violentada”.

Se documentó “la ausencia de desorden… y que las evidencias indican claramente que los autores materiales conocían la tenencia de estupefacientes, divisas o moneda de curso nacional en cantidades considerables para los victimarios”.

Los investigadores concluyeron que “el imputado intentó instalar desde los primeros minutos del abordaje policial la teoría de un robo frustrado al azar, omitiendo la sustracción ahora probada en el ejercicio punto a punto”.

Además, consta que Cajal recibió en julio de 2017, un llamado en el que “se hizo referencia expresa a maniobras propias de actividades ilícitas, con terminología utilizada en la jerga del comercio de estupefacientes, donde se asocia el resultado muerte del suceso a vinculaciones con el tráfico de drogas, lo que permite corroborar el contenido del maletín periciado”. Y se señala que “el imputado, nuevamente omitió dar a conocer al personal policial interviniente” esa comunicación.

Contradicción sobre las llaves de Salas

Los fiscales también encontraron una contradicción en la declaración de Cajal Gauffin, cuando dijo que el 27 de enero de 2017, encontró la llave de Jimena en la puerta; cuando la niñera declaró que la mujer la esperó afuera varios minutos porque no tenía la llave de su casa. Y en la presunción de la modificación de elementos del lugar del hecho, dijeron los fiscales que “cuando llegó Cajal, observó el llavero colgado en el alambre al lado de la puerta de ingreso; le sorprendió ver la puerta sin seguridad y el llavero de Jimena en el alambre”.

Según el registro fotográfico, “la llave que se observa colgada en el rombo del alambre tejido no sería el utilizado por Jimena…y el llavero que se encuentra colgado en el alambre, tiene llaves de un vehículo, lo que permite inferir que las llaves pertenecían a Cajal”. También se confirmó la presencia de un tercer llavero.

Los fundamentos de la acusación

Se ubica activamente la presencia e intervención de Sergio Vargas en la etapa previa del homicidio y se advierten actividades en torno a la ubicación del domicilio de la víctima y el ofrecimiento de dos sandalias para niñas, para lograr la precisa localización del domicilio donde residía Salas. Salinas Odorisio y Torres Rubelt, entendieron que la conducta de Vargas consistió en colaborar con los autores materiales del hecho, actuando como identificador o “marcador” del inmueble, y luego de alertante, a los fines de brindar mayor seguridad a los autores del crimen para la perpetración del hecho.

Se verifica luego el empleo de un supuesto perro “extraviado”, ardid a través del cual dos personas, aún no identificadas, ingresan al inmueble, atacan mortalmente a la víctima, resguardan a las menores, y luego, de simular la búsqueda de elementos de valor arrojando un joyero sobre la cama, toman el contenido de un maletín que se encontraba en el interior del domicilio.

En una instancia posterior, signada por la dificultad investigativa para esclarecer el suceso, y para individualizar a los dos sujetos que habrían matado a Salas, se destaca la actitud remisa de Nicolás Cajal. Dicen los fiscales que el imputado “deliberadamente omite brindar información, tergiversa datos, e impide una tarea investigativa eficiente, actitud que supera una mera renuencia y que, a la luz de las circunstancias, ostenta contenido criminal, por aparejar una efectiva obstaculización al proceso investigativo”.

Sobre Nicolás Federico Cajal Gauffin, afirmaron también que “en numerosas oportunidades y desde el comienzo de la investigación el imputado ha manifestado que no se sustrajo elemento alguno de su domicilio, negando la presencia de elementos de valor o susceptibles de ser objeto de robo, lo que determinó que el curso de la investigación siempre se abordara con presunción de un robo frustrado al azar y consecuentemente a una multiplicidad de hipótesis”.

El imputado habría ocultado deliberadamente por motivos a determinar, la existencia de dinero, divisas y/o sustancias estupefacientes, que ahora se sabe que contenía el maletín que estaba el armario de la habitación principal del domicilio. Se comprobó que los autores materiales de quitar la vida a la víctima de manera violenta, ya lastimados, se dirigieron directamente al armario, lo cual fue probado por los rastros biológicos hallados en el maletín.

Agregaron que Cajal Gauffin, tuvo la “decisión de omitir información a la Fiscalía para instalar el supuesto de un robo frustrado”.

Los fiscales entendieron que la omisión de dar a conocer que en el maletín secuestrado de su habitación y que se encontraba semiabierto, contenía dinero tanto nacional como extranjero y sustancia prohibida, es determinante y permite presumir que el imputado no quiso hacer referencia a esta situación porque ello daría paso a que los investigadores lleguen a indagar la procedencia de esos elementos… y con su accionar futuro, al intentar por diversos medios cobrar la póliza de seguro por la muerte de su pareja, Jimena Salas.

Lo cierto es que con esa omisión, logró la acción de ocultar un posible móvil del crimen, una prueba fundamental en la investigación que surgió luego de casi tres años y que pudo y puede cambiar el rumbo de la investigación con las dificultades que implica el paso del tiempo.

Según la autopsia practicada al cuerpo de la víctima, registraba unas 40 puñaladas aproximadamente, registraba signos de defensa y se utilizaron al menos dos armas blancas. Salas falleció por shock hipovolémico por lesiones múltiples por arma blanca. El cuerpo fue retirado por su madre al día siguiente del crimen y cremado el 29 de enero.

Caso Mariela López: Balcarce admitió el homicidio y dijo que era «violenta»

Tras la lectura del requerimiento a juicio, el acusado del homicidio doblemente calificado de su pareja, decidió declarar y admitió al Tribunal de la Sala I su culpabilidad. Dijo que la vida junto a la mujer era difícil y que ella ejercía violencia sobre él y sus hijos. También declararon el hijo, dos hermanas y un amigo de la víctima.

En la Sala I del Tribunal de Juicio dio inicio este lunes la audiencia de debate contra Cristian Ramón Balcarce por el homicidio doblemente calificado de su pareja y falsa denuncia. 

Durante la primera jornada, tras la lectura del requerimiento a juicio, el acusado decidió declarar ante los jueces Federico Armiñana, Javier Aranibar y Martín Pérez.

En sus dichos, reconoció haberle quitado la vida a Mariela López y adujo que todo se suscitó cuando en una pelea, ella le dijo que mataría a sus hijos y él la tomó por el cuello. Relató que se desvaneció y pese a las maniobras de reanimación, falleció.

«No sabía que hacer», sostuvo y fue así que decidió ocultar el cuerpo hasta que lo trasladó hacia sobre ruta nacional  9/34 a la altura del km 1500-1501, donde lo dejó semienterrado.

Tras aportar detalles de cómo se conocieron, dijo que ambos mantenían una relación tortuosa ya que la mujer tenía un carácter cambiante y lo hacía objeto de constantes agresiones físicas y verbales a él y malos tratos a sus hijos y otros familiares.

Respondió preguntas del fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, del abogado querellante, de su abogado defensor e incluso del Tribunal y una vez finalizada su declaración, declaró como primer testigo, el hijo de Mariela López.

También comparecieron un amigo y dos hermanas de la víctima, quienes relataron lo que conocían sobre el hecho y la relación de la pareja.

Para la jornada de este martes se prevé el paso de 8 testigos, todos ellos efectivos policiales que intervinieron a lo largo de la investigación.

Tiene fecha el juicio por el homicidio de Roberto Ezequiel Farfán

Juan Ignacio De Singlau Naser será juzgado desde el 24 de agosto hasta el 1 de setiembre de este año como autor del delito de homicidio doblemente calificado de Roberto Ezequiel Farfán. El hecho ocurrió en febrero de 2019 en un potrero de sembradío, a la vera de la ruta Circunvalación Sur-Este entre la Ruta Provincial 21 y Ruta Nacional Nº 68.

El fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, informó que la Sala I del Tribunal de Juicio fijó fecha para la audiencia de debate contra Juan Ignacio De Singlau Naser por el delito de homicidio doblemente calificado por ser cometido con alevosía y criminis causa en perjuicio de Roberto Ezequiel Farfán.

Según fue notificado, la misma se desarrollará desde el 24 de agosto al 1 de setiembre de este año.  

El hecho ocurrió en febrero de 2019, cuando la víctima había salido a correr y no regresó a su domicilio, por lo que sus familiares lo reportaron como desaparecido. El día siguiente, en el marco de las tareas de rastrillaje que se realizaban, se encontró sin vida al joven en inmediaciones de la ruta nacional 68 y ruta provincial 21.

El informe de autopsia reveló que falleció por traumatismo encéfalo craneano grave, provocado por los golpes que De Singlau Nasser le propinó en el cráneo y rostro para luego sustraerle el teléfono celular.

Caso Guantay: declaran los últimos testigos

Según está previsto, este viernes se recibirán los últimos testimonios previstos en el juicio que se lleva adelante por el brutal homicidio de Daniela Guantay. Durante esa jornada se exhibirá la declaración filmada de una testigo de identidad reservada que falleció.

En la Sala de Grandes Juicios se desarrollan las últimas instancias de la audiencia de debate contra seis imputados por el homicidio de Daniela Guantay.

El próximo viernes está previsto que termine la ronda de 82 testimoniales con la exhibición de la declaración filmada de una testigo de identidad reservada que fue de relevancia en la investigación y que luego falleció.

Según lo establecido por el Tribunal de la Sala VII de Juicio, los alegatos de las partes se desarrollarán el próximo 26 de febrero.

Caso Guantay: solicitan se investigue a una testigo por falso testimonio

Durante la jornada de este lunes, en el juicio que se sigue contra 6 personas por el brutal homicidio de Daniela Guantay, entre los testigos citados por la defensa, declaró la mujer de uno de los imputados y por sus notorias contradicciones, la fiscal Simesen de Bielke solicitó que se investigue la posible comisión del delito de falso testimonio. Se expuso el informe psicológico de dos de los acusados y el informe de personal policial que intervino en la investigación.

La audiencia de debate que se sigue en la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial vivió su décima jornada este lunes y entre los testigos citados por la defensa técnica de los acusados, declararon ante el Tribunal de la Sala VII de Juicio, personal de la División Homicidios que trabajó durante la investigación y una psicóloga del CIF, que entrevistó oportunamente a los acusados Silvestre y Agüero, a quienes caracterizó como de personalidad impulsiva, con tendencia a la agresividad y con rasgos psicopáticos.

Otra de las testigos fue la pareja del imputado Silvestre, quien a lo largo del interrogatorio incurrió en algunas contradicciones, por lo que la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, solicitó al Tribunal que se remitan las actuaciones a la Fiscalía Penal que por jurisdicción corresponda para que se investigue la posible comisión del delito de falso testimonio. Para la jornada de este martes se prevé el paso de otros siete testigos.