General Güemes: desalojo pacífico de una vivienda

Con intervención de la Fiscalía Penal se logró que una familia que ocupaba una vivienda en barrio Libertad de Campo Santo, la desaloje en forma voluntaria y sea restituida a sus propietarios. La ocupación se produjo en el mes de julio, cuando su morador se ausentó tras sufrir un ACV.

El fiscal penal de General Güemes, Pablo Rivero, informó que con intervención de esa Fiscalía, se produjo el desalojo voluntario de una vivienda de barrio Libertad de Campo Santo, la que había sido usurpada en el mes de julio.

Según consta en las actuaciones, la denuncia la radicó una mujer en nombre de sus abuelos, quienes son propietarios de la vivienda y de su tío, que allí vivía. Relata que su tío vivía en el lugar y tras ser víctima de un robo, sufrió un ACV y debió ausentarse de la propiedad, tras lo cual un grupo familiar ingresó a la vivienda violentando las medidas de seguridad y se instalaron aduciendo tener orden del IPV para habitarla.

Ante este hecho, desde la Fiscalía se imputó a Natalia del Carmen Caliva y su grupo familiar por el delito de usurpación y se solicitó al Juzgado de Garantías 8 la orden de desalojo.

En cumplimiento de la medida, personal policial se presentó en el domicilio y en forma voluntaria los moradores la desalojaron y se produjo la restitución del bien mueble a sus propietarios.

El Procurador recibió a un matrimonio que espera el juicio a médicos de Güemes

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió a Marta Eugenia Braga y Carlos Javier Argañaraz. Por el fallecimiento de su hijo, hay dos imputados por supuesto abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esperan que se defina la fecha de juicio.

Durante el encuentro con el Procurador, la pareja indicó que llevan cuatro años esperando la realización del juicio. “Fue buena la reunión con el Procurador. Nosotros lo que buscamos es que se agilice la causa y que podamos tener una fecha de juicio. Queremos que el Procurador vea la causa porque llevamos cuatro años buscando justicia”, sostuvo Marta Braga.

Por su parte, Carlos Argañaraz indicó que la causa se encuentra con elevación a juicio desde febrero de 2018 en el Juzgado de Garantías N° 1 y “desde entonces quedó ahí”. “Son cuatro años de lucha y de espera de este juicio que no llega”, insistió Argañaraz.

Los hechos ocurrieron el 17 de junio de 2015, cuando Marta Braga llevaba 38 semanas de gestación se presentó en el hospital Joaquín Castellanos de General Güemes, con complicaciones en el embarazo, por lo que los profesionales indicaron que debía que ser sometida a una cesárea de emergencia. Sin embargo, por falta de anestesista fue trasladada a un hospital de la Capital, donde posteriormente su bebé nació sin vida.

El matrimonio denunció al Gerente General y al Gerente de Atención a las Personas del hospital Joaquín Castellanos de General Güemes, por abandono de persona. Intervino la entonces fiscal penal de General Güemes, Verónica Simesen de Bielke, quien posteriormente agravó la imputación por incumplimiento de los deberes de funcionario público, contra el gerente General, Jorge Barni y el de Atención a las Personas, Marcelo Quiroga, ambos del hospital Joaquín Castellanos.

Las actuaciones en la fiscalía surgieron a partir de la denuncia que Carlos Argañaraz realizó el 18 de junio de 2015, en nombre de su esposa, Marta Eugenia Braga, quien, embarazada de 38 semanas y con los controles médicos realizados en forma normal, llegó al nosocomio de Güemes con contracciones y problemas de presión y por falta de anestesista, fue derivada a Salta, donde el bebé nació sin vida.

Los informes médicos y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales indicaron que la paciente sufrió desprendimiento de placenta lo que ocasionó que la criatura llegara sin vida y que hubo sufrimiento fetal, debido a que no se practicó la cesárea de urgencia que la condición médica de la madre requería. Esto es, porque el hospital Castellanos, no contaba con el anestesista que se encontraba asignado a cubrir esa guardia.

Caso Di Marzo: requieren juicio para José Gustavo Gareca

Se requirió juicio para José Gustavo Gareca por el homicidio de Antonella Mirna Eva Di Marzo. El hecho ocurrió en octubre de 2018 y el fallecimiento se produjo en enero de este año.

La fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Verónica Simesen, requirió juicio para José Gustavo Gareca por el delito de homicidio agravado por mediar violencia de género en perjuicio de Mirna Antonella Eva Di Marzo.

La madrugada del 21 de octubre de 2018, la mujer trans fue encontrada tendida en la vía pública por una patrulla. Se encontraba inconsciente, visiblemente golpeada y semidesnuda, por lo que fue asistida y permaneció internada hasta el 27 de enero de este año, cuando falleció.

De las tareas investigativas desplegadas, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad y de datos obtenidos de testimonios de otras personas, se logró la detención de Gareca, que fue identificado como quien se encontraba con la víctima al momento de los hechos.

Gareca se encuentra detenido con prisión preventiva tras haber sido sindicado como el autor de la agresión de Di Marzo a la salida de un boliche bailable en la ciudad de General Güemes.

Denunció a su padrastro por un historial de abusos

Una joven oriunda de General Güemes denunció a la pareja de su madre y padre de sus tres hermanos por vejaciones sufridas desde que tenía 8 o 9 años hasta que alcanzó la mayoría de edad. La fiscal penal Verónica Simesen reunió los elementos de convicción necesarios y requirió juicio para el acusado.

Imagen ilustrativa

La fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Verónica Simesen, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 1 para Juan Marcelo Tejerina de 43 años por abuso sexual gravemente ultrajante por su duración agravado por la convivencia y la guarda en perjuicio de la hija de su pareja.

La denuncia fue realizada en Octubre del año pasado por la propia víctima al alcanzar la mayoría de edad. Relató que cuando tenía 8 o 9 años, su madre formó pareja con el acusado, con quien tuvo 3 hijos.

Señala que inicialmente era una relación normal de padre e hija pero con el paso de los días, el acusado comenzó a realizarle tocamientos inapropiados y luego le ofrecía golosinas para que no dijera nada.

En la denuncia detalla los tocamientos y avasallamientos que vivió por más de una década por parte del acusado y que intentó callar hasta con dinero.

Mujer acusada de apoderarse del patrimonio del ruralista Gustavo Uldry va a juicio

En el último mes de vida del ruralista, su pareja fue acusada de realizar maniobras y así quedarse con una suma de más de 2 millones de pesos, producto de la venta de 548 cabezas de ganado de una finca que la familia posee en General Güemes. La fiscalía penal de esa ciudad elevó el caso a juicio por el delito de estafa.

El planteo fue presentado ante el Juzgado de Garantías 1 del Distrito Centro, donde ahora se llevan adelante los pasos de rigor a fin de que el caso sea luego girado al Tribunal de Juicio. La acusación fue presentada por la fiscal penal Verónica Simesen, quien era titular de la fiscal penal de General Güemes.

Simesen, quien ahora se desempeña en la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, llevó adelante la investigación del caso, el que se inició el 18 de enero del año pasado, cuando Federico Uldry, uno de los hijos del conocido ruralista, radicó una denuncia por el vaciamiento del patrimonio de su padre, en especial el que poseía en la finca Quista, perteneciente a la familia y ubicada en General Güemes.

En su denuncia, el hijo del ruralista relató que el patrimonio del que se vieron desapoderados, estaba sujeto a un juicio civil que se llevaba adelante por separación del matrimonio, litigio que habría quedado trunco debido a que la acusada, pareja de Uldry, dispuso de la venta de las 548 cabezas de ganado, dinero del cual luego se apropió.

Asimismo, sostuvo que el 13 de enero de 2018, al presentarse en la finca con otro hermano, se dieron con un hijo de la acusada, quien pretendía llevarse en una camioneta de su padre varios muebles que la familia poseía en esa propiedad, lo que fue impedido por ambos hijos, quienes allí se enteraron del vaciamiento de la finca.

En vista de esta denuncia, la fiscal llevó adelante una serie de diligencias procesales que le permitieron comprobar, con el grado de probabilidad requerido para esta etapa, la comisión del delito de estafa por parte de María Cristina Varela, quien era pareja de Uldry al momento que el ruralista falleció.

Las maniobras, según lo establecido por la fiscal, se produjeron entre el 14 de diciembre del año 2017 y el 14 de enero de 2018, tiempo que Uldry se hallaba internado en un estado de coma inducido en una clínica privada de barrio Tres Cerritos, hasta que murió debido a una enfermedad terminal.

Los hijos del ruralista en sus declaraciones testimoniales, hicieron hincapié en el hecho de que su padre no pudo haber dispuesto la venta del ganado ni tampoco la extracción de dinero de cuentas bancarias que poseía. En su investigación, la fiscal comprobó la venta del ganado dispuesto por Varela, como así también la extracción por parte de la acusada de sumas de 905.000 y 1.360.000 pesos, dinero que sería producto de esa operación.

Empleados de la finca, en tanto, sostuvieron que las ordenes eran impartidas por Varela, y que Udry, hasta el momento que se hallaba en buen estado de salud, no tenía proyectado la venta del ganado, sino por el contrario su intención era avanzar con la cría y engorde de los animales. Uno de los obreros de la finca, en tanto, señaló que la acusada sostuvo que “ellos se creían que les iba a quedar todo servido”, en referencia a los hijos del ruralista.

En base a estas declaraciones testimoniales y otras medidas de pruebas, la fiscal cerró la etapa de investigación y remitió la causa a juicio en contra de Varela por el delito de estafa, requerimiento que ahora se encuentra a la espera de ser llevado a juicio.

General Güemes: dos detenidos por apuñalar a un hombre

Dos hombres fueron detenidos e imputados por un hecho ocurrido días atrás en barrio Los Olivos, donde tras permanecer reunidos con la víctima, lo apuñalaron en la zona abdominal con un arma blanca. Ambos negaron la acusación en su contra.

La Fiscalía Penal 4 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, a cargo de Ramiro Ramos Ossorio, imputó a Pablo Antonio Cayosa de 24 años y a Jorge Nicolás Gonzalo Delgado de 23 años por el delito de tentativa de homicidio por un hecho ocurrido el 15 de Mayo en barrio Los Olivos de General Güemes.

Según consta en las actuaciones, la víctima se encontraba reunido con Calisaya y Delgado y por razones que se tratan de establecer, arremetieron contra su integridad con un arma blanca, apuñalándolo en la zona abdominal, por lo que fue trasladado al hospital local para su atención.

Los acusados estuvieron acompañados de un defensor oficial y ambos negaron en sus declaraciones haber tenido participación en el hecho.

Desde la Fiscalía se dispusieron diversas medidas probatorias tendientes al esclarecimiento del hecho.

Inició el juicio contra la mujer que conducía ebria y mató

Ayer inició el juicio contra Silvina Edith Rodríguez por un siniestro vial ocurrido en el mes de Setiembre pasado sobre ruta nacional 34, cuando se cruzó de carril y embistió a un motociclista que falleció horas más tarde en el hospital San Bernardo. Declaró la esposa de la víctima y hoy finalizaría la recepción de testimonios. Mañana se llevarían a cabo los alegatos.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Pablo Paz, representa al Ministerio Público ante la Sala III del Tribunal de Juicio en la audiencia de debate contra Silvina Edith Rodríguez por el delito de homicidio culposo en accidente de tránsito calificado por la fuga de la imputada y por conducir con un nivel de alcoholemia superior a 1 gramo por litro de sangre al momento del hecho en perjuicio de Daniel Yari, a quien embistió la madrugada del viernes 21 de Setiembre del año pasado sobre ruta nacional 34.

Según consta en las actuaciones, el hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana sobre ruta nacional 34, cuando el automóvil guiado por Rodríguez se cruzó de carril y embistió a una motocicleta que circulaba en sentido contrario, donde viajaba Yari de 31 años, quien fue trasladado al hospital San Bernardo y falleció horas más tarde.

La conductora se dio a la fuga y fue detenida más tarde y se le realizó una prueba de alcoholemia que indica que registraba un valor de alcohol en sangre superior a lo permitido.

La audiencia está a cargo del juez Pablo Farah, quien tras declarar abierto el debate, recibió el testimonio de la esposa de la víctima, quien hizo un sentido relato de lo sucedido, asegurando que su esposo esa mañana se dirigía a trabajar y que era el único sostén de su familia. Hoy se continuará con la ronda de testimoniales  y está previsto que mañana se lleven a cabo los alegatos.  

General Güemes: juzgan a una mujer que conducía ebria y mató

Silvina Edith Rodríguez será juzgada desde hoy por un siniestro vial ocurrido en el mes de Setiembre pasado sobre ruta nacional 34, cuando se cruzó de carril y embistió a un motociclista que falleció horas más tarde en el hospital San Bernardo. Se pudo comprobar que la conductora se encontraba en estado de ebriedad.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Pablo Paz, representará al Ministerio Público ante la Sala III del Tribunal de Juicio en la audiencia de debate contra Silvina Edith Rodríguez por el delito de homicidio culposo en accidente de tránsito calificado por la fuga de la imputada y por conducir con un nivel de alcoholemia superior a 1 gramo por litro de sangre al momento del hecho en perjuicio de Daniel Yari, a quien embistió la madrugada del viernes 21 de Setiembre del año pasado sobre ruta nacional 34.

Según consta en las actuaciones, el hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana sobre ruta nacional 34, cuando el automóvil guiado por Rodríguez se cruzó de carril y embistió a una motocicleta que circulaba en sentido contrario, donde viajaba Yari de 31 años, quien fue trasladado al hospital San Bernardo y falleció horas más tarde.

La conductora se dio a la fuga y fue detenida más tarde y se le realizó una prueba de alcoholemia que indica que registraba un valor de alcohol en sangre superior a lo permitido.

A solicitud de la defensa y con oposición de la Fiscalía, Rodríguez fue puesta en libertad por el Juzgado de Garantías interviniente con el cumplimiento de medidas sustitutivas y tras recurrir la medida, el Tribunal de Impugnación revocó esta decisión y Rodríguez fue detenida nuevamente.

En la fundamentación, Paz sostiene que la acusada, mediante su imprudente conducción produjo el siniestro vial, omitiendo dar cumplimiento al deber de cuidado exigido en la ocasión, generando una situación de riesgo que desencadenó en la muerte de la víctima.

La conductora no logró conservar el pleno dominio sobre el rodado que guiaba, colisionando al damnificado, pues invadió el carril por el que éste se desplazaba, sin que hayan existido maniobras de evasión, colisionándolo de manera frontal, produciendo la proyección tanto del motovehículo como del damnificado. En este sentido, la pericia accidentológica, da cuenta que en la presente colisión frontal, indudablemente el rodado conducido por la imputada reviste el carácter de embistente.

Por otro lado, precisa que la mujer no se encontraba en condiciones de conducir, ya que conforme a lo narrado por un testigo, era notorio su estado de intoxicación etílica y de acuerdo a la evidencia expuesta por el autotest realizado a la imputada, arrojó un resultado de 1.82 g/l de alcohol a las 09:51 de la mañana, siendo conveniente aclarar que el siniestro aconteció a las 06:00 aproximadamente.

Finalmente, se hace hincapié en que Rodríguez tras colisionar a la víctima, no le prestó auxilio de ningún tipo y ni siquiera denunció el hecho a las autoridades, dándose inmediatamente a la fuga.

La audiencia estará a cargo del juez Pablo Farah y está previsto que se extienda hasta el miércoles 15.

Llevan a juicio a un productor alemán por envenenar a dos trabajadores

Se requirió juicio para Hartmut Torsten Theobald por el homicidio calificado de Ramón Ignacio Casas y la tentativa de homicidio calificado de Benito Soraire. Ambas víctimas eran empleados en una finca del productor y fueron envenenados a través de los alimentos que éste les proporcionaba.

El fiscal penal 4 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ramiro Ramos Ossorio, requirió juicio ayer ante el Juzgado de Garantías 1 para Hartmut Torsten Theobald por los delitos de homicidio calificado por el uso de veneno u otro elemento insidioso en perjuicio de Ramón Ignacio Casas y por el delito de tentativa de homicidio calificado por el uso de veneno u otro elemento insidioso en perjuicio de Benito Soraire en concurso real.

La investigación se inició cuando el mismo Hartmut reportó en Octubre del año pasado que cuando fue a su finca ubicada en Palomitas, encontró a su empleado Casas sin vida y en avanzado estado de descomposición en una habitación que ocupaba y que le parecía que había consumido alguna sustancia tóxica ya que había encontrado una botella con un líquido sobre la mesa.

La autopsia reveló que la muerte de Casas se produjo por paro cardiorrespiratorio por intoxicación con veneno (pesticida), elemento tóxico que resultó coincidente con el contenido de la botella y plato que fueron secuestrados en la mesa del fallecido.

A estos elementos, Ramos Ossorio sumó la declaración de familiares de la víctima, quienes en forma coincidente dijeron que Casas trabajaba hace varios años para Hartmut desempeñando trabajos de cuidado de la hacienda y que mantenían malas relaciones laborales hace algún tiempo ya que no le pagaba lo que le correspondía y le propinaba malos tratos.

Los hijos del fallecido incluso relataron que su padre los reunió y les manifestó que su patrón lo seguía y que cualquier cosa que le sucediera, sería su culpa.

Familiares Casas revelaron que éste les confesó que había radicado una denuncia ante la AFIP contra su empleador, lo que fue verificado por las tareas investigativas. con documentación acreditante.

En el marco de esta investigación, se llegó a Benito Soraire, un trabajador rural que prestaba servicios en la finca del acusado desde 1985 y que vivía en una casa que éste le facilitaba. El día lunes 8 de Octubre de 2018, Soraire descubrió que cuatro de sus perros estaban muertos y los enterró y el lunes siguiente, su patrón se hizo presente con una bolsa con carne y sospechó sobre su buen estado ya que al abrirla sintió un olor extraño. De todas maneras la cocinó y la ingirió. Luego comenzó a experimentar malestar con vómitos y mareos.  Al día siguiente fue a verlo a Theobald para que lo llevara al hospital porque seguía con malestar y le dijo que esperara hasta el día siguiente.

Ante la negativa, Soraire se fue caminando hasta el nosocomio y allí le dijeron que la carne estaba en mal estado y le suministraron medicación. Al  regresar a su casa, le dio a otro perro la carne sobrante y el animal murió.

En la vivienda se secuestró resto de esa carne, la cual fue analizada por el Servicio de Toxicología Forense del CIF, en cuyo informe consta que en la muestra analizada se detectó el mismo potente pesticida que causó la muerte de Casas.

Entre las medidas probatorias que adjunta el fiscal en el requerimiento, se citan las pericias psicológicas y psiquiátricas del imputado, quien es señalado como un hombre con personalidad psicopática, egocéntrica, con anestesia emocional y carente de empatía.

Pareja detenida tras usurpar una vivienda en General Güemes

Una joven pareja ingresó por la fuerza a una vivienda de barrio SOEM junto a uno de sus hijos menores y aduciendo tener una orden del IPV, pretendían quedarse allí. La casa pertenece a una mujer que se encontraba trabajando y que acreditó la propiedad de la vivienda. Fueron detenidos y serán imputados en las próximas horas.

La fiscal penal de General Güemes, Verónica Simesen, tomó intervención en un hecho ocurrido el día 9 de este mes, cuando una mujer denunció que cuando se encontraba en su lugar de trabajo, un vecino le advirtió que una pareja ingresó a su vivienda y le dijeron que ella los había autorizado para hacer tareas de limpieza.

Cuando ella se hizo presente en el lugar, los encontró en el interior del jardín y detectó que habían violentado la seguridad de la propiedad. Cuando les pidió explicaciones de su presencia en la vivienda, le dijeron que tenían una orden del IPV y que no se retirarían.

Desde la Fiscalía se solicitó orden de detención y allanamiento para la vivienda y hoy se produjo la detención de Daniela Paola Ruiz y de su pareja, Agustín Carlos Nazario, quienes serán imputados en las próximas horas por el delito de usurpación.

Asimismo se dio urgente intervención a la Asesoría de Menores e Incapaces en turno, pues se encontraban en el lugar con uno de sus hijos, de 2 años de edad.