El acusado cumplirá 15 años de prisión efectiva por hechos de abuso en perjuicio de una menor. Los hechos ocurrieron en 2018, cuando aprovechando la confianza de la familia, acompañaba a la menor a realizar compras y la sometía sexualmente usando distintos métodos intimidatorios.
La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, María Soledad Filtrín, representó al Ministerio Público ante la Sala II del Tribunal de Juicio de ese distrito en la audiencia de debate contra Víctor José Rueda por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido con arma y por el número de participes reiterado bajo una misma unidad de acción en perjuicio de una menor de edad.
La denuncia fue realizada por la madre de la menor en julio de 2018, al tomar conocimiento de que su hija había sido abusada sexualmente por un amigo de la familia en el que habían depositado confianza para que la acompañara a realizar compras.
Los actos de abuso se sucedieron entre abril y junio de ese año y para perpetrarlos, habría empleado distintos medios intimidatorios como amenazas con arma blanca.
El juez Fabián Fayos, tras los alegatos de las partes, hizo lugar al pedido de la fiscal y lo condenó a la pena de 15 años de prisión efectiva y en el mismo fallo, ordenó que se le extraiga material genético por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
Pasará 6 años y 2 meses en prisión tras haber sido denunciado por su pareja. En un trasfondo de violencia familiar y de género, el acusado agredía física y verbalmente a la madre de su hija y esgrimiendo motivos de celos, cometía actos de abuso sexual en su perjuicio. A pedido del fiscal, el Tribunal recomendó que sea tratado psicológicamente por su impulsividad y sus conductas celotípicas.
El fiscal penal Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público ante la Sala VII del Tribunal de Juicio en la audiencia de debate contra un hombre de 29 años de edad, imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de quien fuera su pareja.
La víctima denunció que mantuvo una relación de 10 años con el acusado y que tienen una hija en común. En setiembre de 2018 ya no convivían y en ocasión en que la mujer se presentó a pedirle dinero para la manutención de la niña de 1 año, su expareja protagonizó una escena de celos, la agredió física y verbalmente y llegó a vulnerar su integridad sexual para «constatar» que no había estado íntimamente con otra persona.
Consignó además que no era la primera vez que era sometida a un trato violento y abusivo pero que no había realizado denuncias por temor a su pareja.
La jueza María Livia Carabajal condenó a Rafael Genaro Montellano a la pena de 6 años y 2 meses de prisión efectiva y en el mismo fallo, ordenó que se le extraiga material genético por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
También hizo lugar al pedido del fiscal Torres Rubelt, quien solicitó al Tribunal durante los alegatos que el acusado reciba tratamiento psicológico para el control y adecuado manejo de la impulsividad y conductas celotípicas en la relación con la mujer.
Los hechos ocurrieron entre 1997 y 1998, cuando la damnificada terminaba sus estudios primarios en la escuela Pastora Lobo de Pauna de paraje El Vencido de El Quebrachal. El acusado llegó a desempeñarse como director del establecimiento.
El fiscal penal de Joaquín V. González, Gonzalo Gómez Amado, imputó a Dardo Raúl Escobar de 53 años por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el autor encargado de la educación en perjuicio de una mujer que fue alumna en el establecimiento en el que se desempeñaba.
Incluso indica que en oportunidad de hacer una publicación en la red social Facebook, contando sobre los abusos de los que fue víctima, varias mujeres se contactaron con ella manifestando haber sufrido los mismos avasallamientos.
Desde la Fiscalía se dispuso la realización de todas las medidas necesarias para el esclarecimiento del hecho. El acusado, tras ser imputado, permanece en su domicilio por razones de salud.
Se trata de un hombre de 61 años que se desempeñaba como docente de Música en una institución educativa pública. La madre de la menor de edad detectó un cambio de comportamiento de su hija y decidió indagar. Así conoció lo sucedido con su hija y radicó la denuncia.
El fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Sergio Federico Obeid, representa al Ministerio Público ante la Sala IV del Tribunal de Juicio en la audiencia de debate contra Carlos Enrique Uriburu, imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal continuadoagravado por la guarda y por ser cometido por encargado de la educación en concurso real con el delito de corrupción de menores, con coacción y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de una adolescente de 15 años que era su alumna.
Explica que empezó a notar cambios en la conducta de su hija, lo que le llamó la atención y decidió averiguar los motivos, es así que pidió ayuda a una hija mayor y pudo saber que la adolescente fue abusada en más de una oportunidad por el sexagenario cuando le daba las lecciones particulares y que la amenazaba para que no revelara lo que sucedía.
La víctima relató a su hermana además, que el docente y su esposa pretendían comprar su silencio comprándole regalos frecuentemente y que la inducían a que se fuera a vivir con ellos.
La fiscal penal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de Orán, María Soledad Filtrín, requirió juicio oral y público contra Ramón Isauro Rodríguez y Claudio Sánchez, ambos acusados de supuesto abuso sexual con acceso carnal agravado por el número de participantes, en perjuicio de una mujer. En su requerimiento, la fiscal mencionó el “antojadizo” fundamento del juez interviniente para no otorgar una prórroga del plazo de investigación preliminar solicitado por la fiscalía.
El pedido de requerimiento a juicio hecho por la fiscal penal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de Orán, María Soledad Filtrín, ante el juez de Garantías 1, Francisco Oyarzú, menciona que pese a que la Fiscalía efectuó la solicitud de prórroga de la Instrucción Preliminar, en tiempo y en forma, el 12 de junio pasado; el juez se pronunció el 30 de julio siguiente, (es decir, un mes y dieciocho días después), “bajo el antojadizo y aparente fundamento de una interpretación sistemática, haciendo distingos que la ley no formula en el art. 256 del Código Procesal Penal, el cual bajo ningún punto de vista demanda que la última declaración del imputado sea motivada en una nueva imputación, -máxime teniendo en cuenta que fue a instancia de la defensa su realización-, apartándose de los términos procesales para emitir decisorio (art. 213 del C.P.P)”.
Y agrega que sin perjuicio de ello, “el Ministerio Público acude a formular acusación en contra de los acusados”. De las constancias que surgieron de la causa, la Fiscal adelantó opinión con mérito incriminador hacia Ramón Isauro Rodríguez y Claudio Alberto Sánchez, ambos de 29 años, por la presunta comisión del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el número de participantes. Según la denuncia de la madre de la víctima y ratificada luego por la mujer de 22 años, Rodríguez habría abusado sexualmente de la joven la mañana del 2 de febrero pasado, después de trasladarla en una camioneta junto “a un amigo”. La mujer se defendió y pudo abrir la puerta del vehículo y salió corriendo. Fue auxiliada por transeúntes, hasta el arribo de personal policial. Por su parte, el amigo del acusado no solamente detuvo la marcha del vehículo, sino que presenció el hecho, pero no hizo nada para repeler la acción, sostiene el escrito.
En el extenso pedido de elevación a juicio, constan la primera denuncia realizada por la madre de la víctima, la denuncia de la propia víctima y su testimonio, las declaraciones testimoniales de testigos, las pericias e informes policiales sobre cámaras de seguridad, inspecciones oculares y recorrido realizado por especialistas de la División Criminalística, el informe médico del CIF sobre el examen realizado a la víctima y los informes psicológicos de los acusados y la víctima. Sobre el último informe, las responsables señalaron que “no advirtieron indicadores de fabulación o mendacidad, no se observan indicadores psicopatológicos que impidan comprender el proceso que se lleva a cabo y sí indicadores de posible abuso sexual padecido”.
En el mismo pedido, la Fiscal recordó que “solicitó autorización al Juzgado de Garantías a fin de no afectar el derecho de intimidad que pudiera implicar la medida (pericias sobre el teléfono celular), encontrándose ello en trámite, siendo este el motivo de solicitud de prórroga de la Investigación Preliminar a la que el juez no hizo lugar”.
También agregó que “la conducta enrostrada merece mayor reproche penal porque en el hecho intervinieron dos personas, lo cual acrecienta el estado de vulnerabilidad e indefensión en el que se encontraba la víctima al verse superada en número y como se dijo tener que duplicar los esfuerzos para esgrimir una defensa en un lugar desprovisto de gente en horario de descanso”.
Un hombre de 27 años fue detenido e imputado tras la denuncia del padre de una menor de edad de la que abusó sexualmente bajo la amenaza de distribuir sus fotografías íntimas e incluso publicarlas en una página pornográfica. Era conocido de la familia.
La fiscal penal Verónica Simesen imputó a César Manuel Martínez de 27 años por los delitos de abuso sexual con acceso carnal (2 hechos), tentativa de abuso sexual con acceso carnal, facilitación, divulgación y distribución de pornografía infantil y grooming en concurso real.
La denuncia fue realizada por el padre de la adolescente al tomar conocimiento por otra de sus hijas de que a la menor, luego de que le robaran el celular, empezaron a llegarle mensajes a sus redes sociales de una persona desconocida que aducía tener fotos íntimas de ella y que las haría públicas si no accedía a encontrarse con él.
En el primer encuentro, la víctima descubrió que se trataba de una persona conocida de la familia y éste bajo amenazas la sometió sexualmente. Hubo otros dos encuentros forzados y ante las reticencias de la menor, le dijo que publicaría las fotos en una página pornográfica.
La adolescente decidió contar lo sucedido a una hermana mayor al descubrir que el acusado había publicado efectivamente las fotos en una página con contenido pornográfico y con su número de celular, por lo que comenzó a recibir mensajes de extraños.
Desde la Fiscalía se solicitó la prisión preventiva del acusado, mientras se completan las diversas medidas solicitadas.
Una joven mujer que se encontraba internada en una comunidad de rehabilitación en la zona de Campo Quijano, fue sorprendida por un exintegrante de la misma y abusada sexualmente bajo amenazas con un cuchillo.
La fiscal Verónica Simesen, a cargo de la Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, imputó a Ezequiel Alejandro Bustos de 21 años por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de armas, violación de domicilio en concurso real.
El hecho ocurrió en el interior de una comunidad abierta de rehabilitación ubicada en Campo Quijano, donde una mujer que se encontraba allí internada en forma voluntaria, fue abusada sexualmente por un excompañero, que irrumpió en su dormitorio y la amenazó con un cuchillo.
El acusado había formado parte de la comunidad y luego se fugó. Al momento de ser imputado, declaró y estuvo acompañado de un defensor particular.
Un jornalero fue condenado a 10 años de prisión efectiva por haber abusado sexualmente de la hija menor de edad de su concubina. Ocurrió en General Pizarro, cuando la madre de la niña se ausentaba por trabajo.
El fiscal penal de Joaquín V. González, Gonzalo Gómez Amado, representó al Ministerio Público ante la Sala II del Tribunal de Juicio del Distrito Metán, en la audiencia de debate contra Humberto Muruaga Maraz, imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia.
La denuncia fue radicada en 2018 por la madre de la menor víctima, al tomar conocimiento de que su concubino de 33 años, había abusado sexualmente de su hija aprovechando su ausencia por cuestiones laborales.
Según planteó la mujer, éste no habría sido un hecho aislado, sino que llevaba sucediendo algún tiempo y que el acusado amenazaba a la niña diciéndole que si revelaba lo que sucedía, haría que su madre la castigue por no cuidar bien a su hermanito.
El juez Sebastián Fucho lo condenó a la pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo y en el mismo fallo, dispuso que se le extraiga material genético por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
Ocurrió en La Merced, donde una niña de 12 años fue abusada sexualmente por un hombre que la había contactado previamente y que bajo la excusa de reunirse, abusó de ella. Las lesiones fueron constatadas por el médico legal y el sospechoso detenido e imputado.
La fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Verónica Simesen, imputó este sábado a un hombre mayor de edad por el delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una menor de 12 años.
El hecho fue denunciado por la madre de la víctima, quien tomó conocimiento por familiares con los que la niña convive, de que se había ausentado de su domicilio y no regresaba. Cuando regresó, al ser interrogada, reveló que había sido abusada sexualmente por un hombre con el que había tomado contacto telefónico previamente y que, con la excusa de reunirse a conversar, violentó su integridad sexual.
Simesen dijo que las lesiones en la niña fueron constatadas tras el examen médico que se le realizó y que se ordenaron las medidas de rigor para esclarecer el hecho. En cuanto al acusado, se solicitó su prisión preventiva.
La menor, ahora de 13 años, reveló sucedido a su madre, quien radicó la denuncia y así la fiscal penal, Verónica Simense, inició la investigación que en los últimos días derivó en la imputación del padrastro por el delito de abuso sexual agravado.
El caso llegó a la fiscalía penal 2, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, a partir de la denuncia de la madre de la menor, quien relató que a principios del mes pasado durante una charla con su hija, quien se mostraba acongojada, la misma dio a conocer los hechos de abuso.
Explicó que esta situación comenzó a suceder desde que tenía 5 años, y que todo ocurría cuando la madre no estaba en casa debido a sus obligaciones laborales, circunstancias que era aprovechada por el ex concubino para someter a la menor a distintos abusos sexuales.
La progenitora explicó que su hija no pudo terminar de relatar los hechos, ya que estalló en llanto y se mostró gravemente afectada por el sometimiento sexual ejercido por su padrastro, quien a su vez ejercía presión sobre la misma para que no dijera nada de los abusos.
Dada la continuidad de los hechos en el tiempo, la fiscal penal llevó adelante una serie de diligencias procesales, cuyos resultados fundamentaron el pedido de detención del acusado, un sujeto de 46 años, quien después de separarse de la madre de la víctima, residía en el barrio Chachapoyas.
Tras la detención, la fiscal formalizó en los últimos días la imputación penal del caso en contra del acusado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia, por el cual el Código Penal establece una escala penal de 8 a 20 años de prisión.
