El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías interviniente, en la causa en la que personal policial de la Dirección de Seguridad Urbana (DSU) del Centro de Coordinación Operativa (CCO) de Rosario de la Frontera, fue imputado por un hecho ocurrido en 2019 contra un menor. También está imputado un efectivo de la Comisaría 31.
El oficial ayudante Mauro Daniel Alejandro Rodríguez, el sargento José Enrique Rodríguez, los agentes Guillermo Agustín López, Jonatan Esteban Díaz y Paulo Daniel Humano están acusados del delito de apremios ilegales agravados por el uso de violencia. En tanto, el oficial Leonel Mauricio Vera está acusado del delito de abuso de autoridad y encubrimiento agravado en concurso real.
El hecho que se les endilga sucedió el pasado 9 de mayo de 2019, cuando el menor de 14 años fue llevado de su domicilio por personal policial, acusado de un robo. Ya en Comisaría 31, a las 2:40 del día 10 de mayo, con autorización del oficial de servicio Leonel Mauricio Vera, fue retirado por un móvil policial del C.C.O., a cargo del oficial Mauro Rodríguez, conjuntamente con el sargento José Rodríguez y los agentes López, Díaz y Humano, con el fin de recorrer la jurisdicción, en busca de elementos, supuestamente escondidos por el menor.
Durante el recorrido, el adolescente fue objeto de malos tratos físicos y psicológicos, recibiendo golpes en el estómago, espalda, en las costillas, rostro y otras partes del cuerpo, mientras, según manifestó el menor, le decían que le pegarían un tiro y lo dejarían en el lugar. Además, le echaron gas pimienta, al tiempo que lo tomaban de la capucha. Todo ello con la intención de lograr la aparición de elementos que no fueron encontrados.
Horas más tarde, lo regresan a la comisaría, oportunidad en la que su madre se hizo presente a instancias de un llamado para que se apersonara a firmar un papel. Ya en la dependencia policial, lo traen al menor, quien le manifiesta que policías lo habían sacado y llevado en una camioneta a un descampado, que lo esposaron, le pegaron, lo hicieron arrodillar, le echaron gas pimienta y que lo amenazaron de muerte.
La madre del menor detenido, quien radicó denuncia, manifestó que pudo ver a su hijo golpeado en la cara, que la tenía marcada y que tenía el calzado roto tras haber sido arrastrado.
Por otro lado, existen dos certificados de salud: el primero, emitido al momento de la detención, en el que consta que se encontraba en “buen estado de salud”; en tanto, el segundo certificado, de fecha 11 de mayo, fue emitido después de haberlo sacado de la comisaría, con diagnóstico de “lesión tipo escoriación en zona de cara, lado derecho, contusiones y hematoma en lado izquierdo, golpes y contusiones en cuero cabelludo. Las escoriaciones se extienden hasta 3 cms. De base del cuello y brazos, hematomas leves en tórax y abdomen”.
En relación a la conducta
del imputado Leonel Vera, el fiscal González sostiene que “surge palmaria al
autorizar la salida del interno de la comisaría N° 31 donde se encontraba
detenido (…), lo que, como auxiliar de justicia, no se encuentra en condiciones
de autorizar”, sumado al hecho de que, “con posterioridad y al tomar
conocimiento de los golpes que presentaba el menor, no denunció tal situación”
ante el reclamo de la madre del menor.
Manifiesta el fiscal de Derechos Humanos en los fundamentos de la acusación, que “los imputados, siendo funcionarios con revista en el DSU de Rosario de la Frontera, incurrieron en la imposición de malos tratos respecto de la persona del menor, quien se encontraba legalmente detenido, sometido a su disposición, al acometer contra la integridad física del detenido”.
Finalmente, afirma que “la
violencia institucional referida conlleva un plus de reproche, por cuanto es
cometida por funcionarios públicos que, por sus responsabilidades y
obligaciones, se encuentran autorizados en los supuestos legales, para hacer
uso de la fuerza pública, la que debe ser racional, cuya práctica se transforma
en violatoria de derechos humanos elementales por parte de miembros del Estado
y que se advierte en la presente causa.
Es por ello que, con los
elementos que obran en la causa, la Fiscalía de Derechos Humanos entiende que
se halla lo suficientemente acreditado, con el grado de convicción necesario,
la existencia del ilícito endilgado y la responsabilidad penal de los
imputados, por lo que solicita se tenga por formulada la requisitoria de
elevación a juicio en contra de los imputados.
