Un hombre habría ingresado a un domicilio con intenciones de robo, se dio a la fuga y fue luego detenido por personal policial. Se solicitó mantenimiento de detención.
El fiscal penal de Rosario de Lerma,Daniel Escalante, imputó de forma provisional por la presunta comisión del delito de robo en grado de tentativa, a un hombre de 38 años.
El hecho sucedió el pasado 4 de agosto, en un domicilio de Barrio San Ignacio, cuando dos hombres habrían ingresado al domicilio del denunciante, previo dañar los cristales de la ventana delantera de la vivienda, viéndose frustrada la comisión del ilícito, al ser advertido por un vecino.
El hombre, escuchó ruidos provenientes de la casa contigua y al salir, vio a una persona cerca de la ventana de la vivienda, y a otra que al salir, lo amenazó de muerte si se volteaba. El testigo continuó caminando hasta la esquina en donde logró solicitar ayuda, momento en el que los dos sospechosos se dieron a la fuga en un vehículo que se encontraba de “campana”.
Por su parte, personal policial que se encontraba patrullando por Ruta Nacional 51, altura rotonda de Circunvalación Oeste, divisó un automóvil cuyo conductor al percatarse de la presencia de efectivos, se mostró dubitativo, aceleró la marcha y se dio a la fuga, siendo alcanzado por la misma ruta, altura kilómetro 2 ½.
Durante la audiencia de
imputación, el acusado se abstuvo de declarar y el fiscal Escalante solicitó
ante el Juzgado de Garantías 4, el mantenimiento de detención, en atención a la
peligrosidad procesal emergente por la eventual posibilidad de entorpecimiento
en la investigación y de peligro de fuga.
Bajo la modalidad de “dormidoras”, tres mujeres habrían despojado de diferentes objetos a tres hombres que conocieron en un local de expendio de bebidas alcohólicas. Se logró identificarlas luego de una pesquisa que incluyó análisis de cámaras de videovigilancia.
El fiscal penal 4, Facundo Ruiz de los Llanos, imputó de manera provisional por la posible comisión del delito de robo en poblado y en banda, a tres mujeres, una de 23 y dos de 27 años.
El hecho por el que se las imputa sucedió el pasado 4 de junio, cuando encontrándose en el departamento de uno de los damnificados, habrían utilizado algún tipo de somnífero en las bebidas que consumían para dormirlos y aprovechando la situación, se habrían apoderado ilegítimamente de diversas pertenencias para luego darse a la fuga.
Cuando los denunciantes despertaron al mediodía, desorientados y con intenso dolor de cabeza, se encontraron con que las acusadas habían huido sustrayéndoles sus pertenencias. Entre los objetos se cuentan teléfonos celulares, dinero en efectivo y moneda extranjera, una notebook, y otros elementos de valor.
De las tareas investigativas desplegadas, entre ellas, relevamiento de redes sociales y análisis de cámaras de video, se logró identificar a las sospechosas, a los fines de esclarecer el hecho denunciado.
El fiscal Ruiz de los Llanos menciona en las actuaciones, que el uso de medios hipnóticos o narcóticos utilizado por las acusadas para perpetrar el ilícito, queda comprendido en el concepto de violencia.
Durante la audiencia de imputación, las acusadas dieron su versión de los hechos y la Fiscalía solicitó ante el juzgado de garantías en turno, la prisión preventiva.
El fiscal penal de Cachi, Daniel Escalante, logró que se arribara a un convenio de mediación, firmado en noviembre de 2021, y cuyo cumplimiento en su totalidad finalizó hace pocos días, para dar solución a un conflicto entre vecinos de ese Paraje.
La actuación tuvo su origen en una denuncia presentada por un damnificado, quien manifestó sentirse perjudicado debido a que dos propietarios sobre cuyos terrenos pasa el canal de riego, habían suspendido el suministro de agua, aduciendo filtraciones en sus viviendas. Según lo manifestado en la denuncia radicada en julio de 2021, el canal existe desde hace más de 60 años.
Incluso en aquel entonces, el presidente del Consorcio de Aguas de Río Cachi Adentro había intentado llegar a un acuerdo al que los denunciados no accedieron, razón por la cual el damnificado solicitó la pronta intervención de la Fiscalía.
En una ampliación posterior, dejó constancia de que le habían cerrado el paso del agua con piedra y hormigón en el sector de la compuerta. Incluso, por disposición de Recursos Hídricos se les había ordenado que quitaran el impedimento material colocado, que terminó retirándolo el denunciante. Aún así quedó la compuerta con tierra y tapando el paso del agua, lo cual según expresó, perjudicaba la cosecha, sembradío y verduras, por lo que requería imprescindiblemente del riego.
En agosto del mismo año, el Gabinete Técnico Criminalístico de Cachi, a requerimiento de la Delegación Fiscalía Penal de Cachi, expidió un informe que incluía toma fotográfica en vista panorámica y de detalles, que evidenciaba daños como la clausura de compuerta de hormigón, ubicada en la parte frontal de la propiedad de uno de los denunciados.
Por su parte, vecinos del Paraje Cachi Adentro habían solicitado a la Fiscalía que se intercediera mediante mediación en la problemática que llevaba varios meses ya que, según expresaron, el uso del agua de riego es vital para plantas, frutales, huertas, cosechas, e incluso el sostén de las familias.
El fiscal penal de Cachi, Daniel Escalante,dispuso entonces la derivación del caso al Centro de Mediación del Ministerio Público de Salta, donde comparecieron las partes, además del presidente del Consorcio de Aguas de Río Cachi Adentro, el Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Cachi, representantes de los vecinos del Paraje Cachi Adentro y usuarios del Consorcio.
En el convenio, acordaron la autorización para que la acequia continúe pasando por el recorrido original, es decir por los domicilios de la parte denunciada.
En cuanto al Consorcio, se comprometió a entubar la acequia y en caso de rotura de la cañería, la correspondiente reparación. Además, convino realizar la obra de entubado con caños de PVC de la acequia a lo largo de uno de los lotes, por una extensión de 30 metros, aproximadamente, con el control y asesoramiento de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Cachi.
Se fijó como fecha de seguimiento del convenio el 30 de agosto de 2022, momento en que cualquiera de las partes se pondría en contacto con la mediadora, a fin de poner en su conocimiento si el acuerdo se cumplió. Es así como el damnificado que no podía regar su terreno, se hizo presente en el Centro de Mediación para comunicar que se cumplió con la ejecución de la obra, con la conformidad de los denunciados, según fue constatado por la mediadora.
Cabe destacar la efectividad de la acción mediadora, conduciendo el proceso y creando un espacio de diálogo y colaboración, en el que se buscan soluciones útiles a partir de los intereses y las necesidades reales de las partes. En este caso, tratándose de un conflicto de carácter público, al tomar conocimiento la municipalidad de Cachi y complejo, por involucrar a varias familias que incluso antes de la fecha límite prevista en el convenio rubricado, se vieron beneficiadas nuevamente con el abastecimiento de agua.
El sospechoso, que ya registra antecedentes por una condena anterior, fue detenido luego por personal policial. Ocurrió en Chachapoyas.
El fiscal penal 1 interino, Federico Jovanovics, imputó de manera provisional por la presunta comisión del delito de hurto con escalamiento, a un hombre de 20 años.
El hecho denunciado sucedió el pasado jueves 4 de agosto, en un domicilio de Barrio Chachapoyas, cuando el damnificado, tras regresar a su domicilio, se percató del faltante de su bicicleta, la que, minutos antes estaba en el patio trasero.
Inmediatamente, el denunciante salió con su hermano en busca del o los causantes, logrando ubicar a un hombre en inmediaciones de Barrio Castañares, frente a la iglesia, con el rodado. Fue así como se dirigió a la comisaría a pedir ayuda, reconociendo como suya la bicicleta.
Tras las constataciones efectuadas por la policía y la fiscalía, existen elementos suficientes para imputar, de forma provisional, al acusado del delito de robo con escalamiento, ya que habría ingresado al domicilio del denunciante, previo a escalar una reja del patio para sustraer la bicicleta, para luego darse a la fuga, siendo detenido luego por personal policial.
Durante la audiencia de
imputación, el acusado dio su versión de los hechos y quedó detenido.
En tanto, el fiscal
Jovanovics solicitó ante el Juzgado de Garantías 4, la prisión preventiva del
sospechoso, sobre quien pesa el antecedente de condena de abril de 2022 de 3
años condicional por hurto calificado por escalamiento, en grado de tentativa,
violación de domicilio, dos hechos, hurto calificado por escalamiento,
amenazas, desobediencia judicial y hurto simple, en grado de tentativa, en
concurso real.
La medida solicitada
obedece, sostiene el fiscal, a la necesidad de asegurar la presencia del
imputado durante el proceso, ya que, si es puesto en libertad, intentará eludir
el accionar de la Justicia, surgiendo como causal al peligro de fuga, el hecho
de que no posee un arraigo laboral estable.
Ocurrió en Molinos y la situación fue detectada por una turista que realizó la denuncia y participó del proceso conciliatorio. Se acordó concientización sobre tenencia responsable de animales y una campaña de adopción, entre otras medidas.
Una turista que se encontraba en la localidad de Molinos, al percatarse de la presencia de perros que lloraban y peleaban en una propiedad contigua a la que se hospedaba, llamó al Sistema de Emergencias 911 y realizó la denuncia.
Ocurrió el pasado 17 de julio y, una vez constituido en el lugar, personal policial procedió a realizar la inspección ocular de la propiedad.
Se encontraron con animales de distinto porte, pelaje y edades, se levantaron muestras fotográficas del lugar y del estado de los canes, dejando constancia de la inspección realizada.
Si bien el propietario argumentó que los tenía para protegerlos, el lugar no reunía las condiciones necesarias para el cuidado, alimentación y esparcimiento, tal como lo prevé la ley de tenencia responsable.
A raíz de ello, el fiscal penal de Cachi,Daniel Escalante, derivó el caso al Centro de Mediación de Cachi, dependiente del Ministerio Público de Salta, compareciendo la denunciante con asesoramiento letrado del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Salta y el propietario del terreno donde se encontraba la jauría.
En el acuerdo se convino la esterilización de los 50 animales que se encontraban en la propiedad, mediante solicitud al Servicio de Zoonosis. El hombre se comprometió también a buscarle un nuevo hogar a aproximadamente 25 animales más pequeños, a través de una campaña de adopción.
En otro de los puntos del acuerdo se fijó que, en razón de la gran cantidad de canes, una ONG presentaría nota a diferentes empresas locales con el fin de buscar colaboración para su manutención.
Las demás cláusulas fijaron la realización de un taller de sensibilización sobre cuidado responsable, bienestar animal y el amor, respeto y trato digno a todos los animales sintientes, por parte del propietario de los canes. Se fijó, además, un plazo de seguimiento de seis meses para su cumplimiento y caso contrario, se informe al fiscal Escalante.
Cabe recordar que la Ley 14346 de Protección Animal, en su artículo 1 prevé que “será reprimido con prisión de quince días a un año, el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales”, entendiéndose como actos de maltrato el no alimentar en cantidad y calidad suficiente, entre otros; mientras, son considerados actos de crueldad la vivisección, mutilación de animales, como también lastimar, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos, entre otros.
Ambos imputados son padrastro y hermano de la mujer que recibió los golpes y por lo que tuvo que ser derivada al Hospital San Bernardo.
El fiscal penal de Cachi, Daniel Escalante, imputó provisionalmente por la presunta comisión del delito de lesiones graves a un hombre de 52 años y a un menor de 17.
Según denunció la damnificada, hijastra del hombre mayor de edad y hermana del menor, el pasado 2 de agosto, a las 22, aproximadamente, en un domicilio de Paraje La Aguada, donde se encontraba celebrando la Pachamama, los acusados, en aparente estado de ebriedad, la habrían empujado y, ya en el suelo, le habrían propinado patadas en el cuerpo.
El hecho, según manifestó la mujer, se produjo en el momento en que iba a despedirse para retirarse a su casa, junto a su hijo. Fue en esa circunstancia que su hermano y su padrastro procedieron a hostigarla fisicamente. Fue entonces que su hijo les pidió que no continúen con las agresiones y salió en busca de ayuda, dándose ambos agresores a la fuga.
Al ser trasladada al
hospital local, la médica que asistió a la mujer agredida refirió en el
certificado médico, que presentaba fractura de radio y cúbito, siendo derivada
al Hospital San Bernardo.
Durante la audiencia de
imputación, el acusado, padrastro del menor, dio su versión de los hechos, en
tanto el menor se abstuvo y ambos quedaron detenidos.
Por su parte, el fiscal
Escalante solicitó ante el Juzgado de Garantías 4 el mantenimiento de detención
del imputado mayor de edad y se comunique al Defensor Oficial Penal Juvenil y
al Juez de Detenidos.
Previamente se articuló un proceso de abordaje de la problemática de evaluación del sistema de monitoreo de la calidad del agua y la conformación de un mapa de vulnerabilidad. Todo esto, destinado al control y racionalización del uso y protección de las cuencas de aguas subterráneas.
Presidido por el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, hoy tuvo lugar el acto de firma del Convenio mediante Resolución Conjunta por parte de la Secretaría de Recursos Hídricos, la Secretaría de Ambientey Desarrollo Sustentable y el Ente Regulador de Servicios Públicos, sobre Sistema de Monitoreo de la Calidad del Agua en Salta.
El Ministerio Público Fiscal de Salta llevó adelante la coordinación de un procedimiento extrajudicial interinstitucional, sin precedentes, que culminó en un acuerdo entre varios organismos con responsabilidades ambientales, hídricas y sanitarias, destinado al control y racionalización del uso y protección de las cuencas de aguas subterráneas.
Lo
acordado es de vital trascendencia por tratarse de un elemento vital como es el
agua y, además, de extrema fragilidad e importancia ecológica, como es el caso
de la subterránea, pues está sometida a márgenes de explotación cuyas
consecuencias todavía resultan desconocidas e imprevisibles, que requieren
criterios de uso de cautela y precaución.
Tradicionalmente,
en nuestra provincia ha habido prácticas, centenarias algunas, consistentes en
la realización de pozos para extraer agua para el consumo, para el riego y para
la producción, cuyas magnitudes y riesgo en la cuenca subterránea actualmente
se desconocen.
Por
ello, previo a la rúbrica de la resolución, se articuló un proceso de
construcción interinstitucional y participativo, para la iniciación del
abordaje de la problemática de evaluación del Sistema de Monitoreo de la
Calidad del Agua y la conformación del Mapa de Vulnerabilidad de Aguas
Subterráneas de Salta.
En la oportunidad, se evaluó
el texto final de dicha resolución conjunta, que fuera preparado por equipos
jurídicos, técnicos e informáticos y armonizado a lo largo de diferentes
reuniones generales, donde estuvieron
todos los funcionarios y profesionales de los organismos mencionados.
El texto final, que quedó
integrado al acta, evidencia el consenso al que se arribó por parte de todos
quienes intervinieron en el proceso de abordaje de la problemática del agua en
la provincia.
Estuvieron presentes en la reunión: por la Procuración General de la Provincia, el Dr. Pedro García Castiella, por la Secretaría de Recursos Hídricos, el Ing. Julio Mauricio Romero Leal, por el ENRESP (Ente Regulador de Servicios Públicos), el Dr. Carlos Humberto Saravia; por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el Ing. Alejandro Aldazabal, acompañado por el funcionario, Dr. Antonio Sánchez López; por el Ministerio Público Fiscal, el Secretario Relator en Asuntos Ambientales y de intereses Difusos, Dr. Juan Sebastián Lloret, el Secretario Letrado Dr. Santiago José Sotelo, el Coordinador de Informática del Ministerio Público C.U. Guillermo Bozovich, por el Servicio Medio Ambiente del D.T.C./C.I.F. el Ing. José Luis Manzano y el Ing. Eliseo Joel Medina; ; por el Ministerio de Salud Pública, la Subsecretaria de Medicina Social, Dra. Susana Velazco y por la Coordinación Epidemiológica, la Directora General, Dra. Nélida Analía Ester Acevedo; en carácter de cooperación técnico-institucional con el Ministerio Público Fiscal, por la Facultad de Ciencias Naturales de la UNSa, la Secretaria de Articulación Institucional, Mgtr. Ana Zelarayán y el Dr. Virgilio Núñez; los funcionarios Ing. Marcelo Ovando, la Lic. Marina Hoyos y el Dr. Jerónimo López Fleming.
La Declaración Conjunta
En su artículo 1, la
resolución establece que se instrumente un procedimiento excepcional por tres
meses, desde el 1 de noviembre de 2022 hasta el 31 de enero de 2023, para el
Censo de las Aguas Subterráneas, que incluirá a todas las perforaciones u obras
hidráulicas existentes o en ejecución para la exploración, alumbramiento,
captaciones y/o suministro de agua subterránea en todo el territorio de la
provincia de Salta.
El cuerpo de la resolución conjunta
contiene, además, un detalle sobre los sujetos que están obligados a completar
la declaración jurada censal y especifica el procedimiento para la realización
del Censo de las Aguas Subterráneas, fijando las medidas ante el no
cumplimiento de la declaración de aviso de perforación de aguas subterráneas
por parte de los denominados “Sujetos obligados”, calificándolas de detecciones
clandestinas.
El documento también determina
el carácter de declaración jurada para el caso de la declaración de los
“sujetos obligados” y sus implicancias y contempla la instrumentación de un
proceso de capacitación dirigido a funcionarios y agentes de diferentes
reparticiones, que estará a cargo de la Secretaría de Recursos Hídricos y del
Ente Regulador, que tendrá como fin la difusión y asistencia a los “sujetos
obligados”.
En los considerandos de la
resolución conjunta se explica que el “censo de las aguas” es la herramienta de
la que se vale el Código Provincial Hídrico para obtener la información
necesaria para las políticas públicas hídricas y ambientales y que queda
plasmado en el Libro de Aguas Públicas Subterráneas.
El Libro de Censo de las Aguas
Subterráneas permite conocer, reza el documento, “en forma completa los
recursos hídricos de la Provincia, los regímenes hidrológicos, los acuíferos,
caudales aforados (caudal autorizado por la autoridad hídrica), volúmenes de
uso, usos acordados, obras de regulación y de derivación efectuadas y aptitudes
que tengan o puedan adquirir las aguas para servir a usos de interés general”.
Más adelante, el acto que se tornará obligatorio, menciona que la información censal es pública, de acuerdo al Código provincial y que, para dar cumplimiento a este deber censal por parte de las autoridades, los usuarios deben cumplimentar la obligación de “dar aviso de exploración, alumbramiento (saber cuánto se puede extraer del pozo) para uso común y de extracción para suministro en usos especiales, tal como lo establece el Código de Aguas provincial”.
El menor agredido por el can fue asistido de urgencia para curar y suturar las heridas que presentaba. En tanto la Fiscalía ordenó una serie de medidas de resguardo.
El fiscal penal de Cerrillos, Federico Portal, investiga un hecho ocurrido en pasado viernes 29 de julio, a las 16:40, aproximadamente, en barrio Congreso Nacional, de dicha localidad, cuando un niño de 5 años fue mordido por un perro mestizo.
De acuerdo a la denuncia,
personal policial de Villa Los Álamos se hizo presente en el domicilio a fin de
verificar lo sucedido. Al ser interrogada la abuela del menor, manifestó que, en
circunstancias que desconocía, un perro de raza mestiza labrador con pitbull
había agredido a su nieto, el que resultó con heridas visibles en el rostro.
Inmediatamente, los
efectivos solicitaron la presencia de una ambulancia que procedió a trasladar
al niño al hospital local y luego de ser atendido y examinado por un
profesional médico, fue derivado con urgencia al Hospital Materno Infantil.
Por su parte, el fiscal Portal ordenó una serie de medidas, entre las que dispuso poner en conocimiento de la situación del Juzgado de Garantías en turno, para que intime al propietario del can para que adopte las medidas pertinentes y resguardo del menor, y dar intervención a la Asesoría de Menores e Incapaces.
El informe emitido por el
médico legal que examinó al menor da cuenta que presentaba “hematoma en ojo
derecho, herida cortante sobre ceja derecha, de 5 cms. de largo por 3 mm. de
ancho, herida cortante de 1 cm. de largo por 3 mm. de ancho en comisura ocular
derecha externa, herida cortante en comisura interna de ojo izquierdo, con
compromiso de conducto y saco lagrimal de ojo izquierdo. Presenta además dos
cortes pequeños en zona parietal.”
El can pertenece a la casa
donde reside el menor con sus padres, los que fueron citados esta semana a la Fiscalía.
La niña fue atacada por un can propiedad de un vecino y fue trasladada de urgencia al Hospital Materno Infantil ante la gravedad de las lesiones.Se procedió al secuestro del animal.
El fiscal penal de Cerrillos, Federico Portal, imputó de manera provisional por la presunta comisión de delito de lesiones culposas graves, a un hombre de 28 años.
El hecho ocurrió el pasado martes 26 de julio, en un domicilio de la calle 12 de Octubre, del Barrio San José, cuando el perro de propiedad del acusado ingresó al jardín de la vivienda de un vecino y atacó a una menor, que en ese momento estaba jugando.
El fiscal Portal inmediatamente dispuso la verificación del estado de salud de la niña que sufrió el ataque, quien fue trasladada al Hospital Materno Infantil, acompañada de su madre, ingresando inmediatamente a quirófano.
De acuerdo al informe médico
legal, la paciente presentaba “herida suturada en mejilla, pómulo y comisura
labial izquierda, hematoma en párpado inferior de ojo izquierdo. Según historia
clínica, paciente cursa posoperatorio de lesión grave de parótida y fístula
mucocutánea. Lesiones por mordedura de can, curable en el término de 30 días”.
En tanto el médico legal corroboró “lesión grave de parótida y fístula mucocutánea”, con cirugía, advirtiéndose la deformación permanente del rostro, sugiriendo cirugía estética e intervención psicológica.
El fiscal además ordenó inmediatamente el secuestro del animal y la correspondiente observación e informe por parte de un médico veterinario.
En los fundamentos de la imputación el fiscal Portal expresa que con su accionar, el propietario no tomó los debidos recaudos a fin de resguardar a su canino para que permaneciera en su domicilio y, negligentemente, dejó que el animal saliera.
La audiencia de imputación
fue fijada para la semana próxima.
El Programa de Intervención con Hombres en Condena por VCP y el Observatorio de Violencia contra la mujer, trabajaran en forma conjunta con instituciones y ONG dedicadas a la problemática. Con resultados positivos, el Programa brinda recursos a fin de de evitar la violencia y la reincidencia.
Las profesionales que integran el Programa de Intervención con Hombres en Condena por VCP (Violencia Contra la Pareja) del Ministerio Público Fiscal de Salta, mantuvieron una reunión informativa con integrantes del Observatorio de Violencia contra la Mujer.
Teniendo presente que la problemática exige compartir conocimientos sobre el accionar de los diferentes organismos e instituciones que trabajan en pos de la erradicación de la violencia de género en todas sus formas, en este primer encuentro formal, se brindaron detalles respecto a la ejecución del Programa y los resultados positivos obtenidos desde su puesta en marcha en el año 2018.
Cabe destacar que desde la gestión del Procurador General de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, se mantiene el firme compromiso de trabajar a fin de erradicar la violencia por cuestiones de género y fortalecer el diseño e implementación de políticas públicas vinculadas a la temática. De ahí que el Programa importe un avance para la Justicia de Salta, en lo que a decisiones se refiere, ya que implicó un paso del carácter declarativo hacia la instrumentación de acciones concretas que acompañan la imposición de reglas de conducta a los hombres condenados por delitos vinculados a la violencia de género y que modifiquen su comportamiento.
En la reunión, se acordó estimular un trabajo de mayor articulación para aunar esfuerzos, con las demás instituciones, ONG y organismos que entienden en la problemática de la violencia de género.
También se acordó establecer un vínculo abierto para futuras reuniones de formación y capacitación, además de la correspondiente transmisión de las funciones y actividades del Programa de Intervención con Hombres en Condena por VCP (Violencia Contra la Pareja), como instrumento a disposición de toda la comunidad, el cual pasará a conformar el mapa de instituciones con las que trabaja el Observatorio.
Participaron del encuentro, por parte del Programa, las coordinadoras del equipo profesional: las licenciada en psicología, Ana Laura Errando; las licenciadas en Servicio Social, María José Caamaño y Silvana Lizárraga y María Eugenia Vargas; el Mediador, Luis Gallagher y la Secretaria Letrada de la Procuración, Milagros Ward. Por el Observatorio de Violencia contra la mujeres, las directoras Ana Pérez Declercq, Pilar González Sastre, y
El Programa
El Programa de Intervención con Hombres en Condena por VCP surge por iniciativa del entonces Procurador General, Pablo López Viñals, cuya creación data del 28 de diciembre de 2017, mediante Resolución 695.
A través de la firma de un convenio de cooperación con el Ministerio de Salud Pública de la Provincia, se sumó el aporte de profesionales afectados a la Oficina Hospitalaria de Asistencia a Víctimas de Violencia de Género del Hospital San Bernardo.
La generación y puesta en marcha del programa surgió a partir de tomar conocimiento de la experiencia exitosa que se logró en España. A posterior, se trabajó en la adecuación de un programa local, partiendo de la correspondiente capacitación en ese país.
La puesta en funcionamiento, contó con el visado del propio Jefe de la Unidad de Relaciones Internacionales e Institucionales del Consejo General del Poder Judicial de España, Andreu Estela Barnet.
El programa es una
intervención que está destinada a hombres que cumplen condena de ejecución
condicional por violencia contra la pareja, a quienes se les haya impuesto como
regla de conducta el tratamiento, a fin de que adquieran recursos y nuevas
estrategias, desarrollen conductas de interacción positiva y otras habilidades,
de manera de evitar la violencia y la reincidencia en el delito, como objetivo
principal del programa.
Desde 2018, año que comenzó a implementarse el programa, sobre un total de 290 hombres que fueron parte del programa y que lo completaron en su totalidad, la reincidencia fue muy baja, solo 6, es decir el 2%. En total, se evaluaron a más de 800 personas, produciéndose el ingreso de la mitad, aproximadamente, conforme a los criterios de admisión dispuestos, con un promedio de 9 varones que finalizan el programa.
Los resultados del Programa,
luego de su ejecución, son informados a los juzgados y a las fiscalías de
género.
